Félix Moreno procesado por una obra inconclusa que perjudicó a Corpac cuando él era alcalde del Callao. (Foto Mario Mejía/ El Comercio)
Félix Moreno procesado por una obra inconclusa que perjudicó a Corpac cuando él era alcalde del Callao. (Foto Mario Mejía/ El Comercio)
Mario Mejía Huaraca

El juez Gino Delzo, del Primer Juzgado Penal Unipersonal del Callao,  inició este martes juicio oral al gobernador regional del Callao, , y otros 16 procesados por los presuntos delitos de colusión y  negociación incompatible. La fiscalía ha solicitado 11 años de prisión para los implicados.

Este proceso es por las obras de la nueva sede para la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) que no se llegaron a concluir pese a que esta empresa del Estado desembolsó más de 21 millones de soles.

La empresa encargada de ejecutar la obra era el Fondo Municipal de Inversiones del Callao (Finver- Callao) cuando Moreno era burgomaestre de la provincia constitucional. Este, en calidad de tal, firmó un convenio con Corpac en diciembre del 2009 para la realización de la obra cerca al aeropuerto.

Según el fiscal Francisco Alarcón, hubo una concertación entre el entonces alcalde chalaco y los directivos de Corpac, pues se evitó un concurso público y se aprobó que la obra sea ejecutada por Finver pese a que no tener experiencia en construcción.  ​

Félix Moreno se encuentra en calidad de cómplice primario. También están procesados ex miembros del directorio de Corpac como Raúl Lanatta y Susana Pinilla, quien fuera ministra de la Mujer y de Trabajo en el segundo gobierno aprista.

La defensa de Félix Moreno sostuvo que el fiscal no ha podido precisar cuál es la imputación de su patrocinado ni cómo se podría acreditar esa responsabilidad. Manifestó que el ahora gobernador solo se limitó a firmar como alcalde un convenio marco y que no tenía nada que ver con Finver ni Corpac. 

La abogada de Félix Moreno negó cualquier interés indebido de su cliente. Además, señaló que él renunció a la alcaldía el 13 de abril del 2010, antes de que se firmaran las adendas y se desembolsaran los adelantos para la obra. 

En tanto que el abogado de Pinilla sostuvo que en este caso no puede hablarse de un delito de colusión, pues este implica un contubernio entre un funcionario y un privado y lo que hubo,expresó, fue un acuerdo entre dos empresas del Estado. Agregó que su clienta solo cumplió su función como miembro del directorio de Corpac al firmar un informe. 

El representante de la procuraduría anticorrupción manifestó que un informe de Contraloría basado en un peritaje contable arrojó que esta obra inconclusa ocasionó un perjuicio para el Estado por más de 21 millones de soles.

La procuraduría ha solicitado para los procesados una reparación civil de 50 millones de soles.