Al final de la cola, la columna de Cecilia Valenzuela

En los últimos tiempos, los problemas del Perú parecieran girar, únicamente, alrededor de los conflictos entre los políticos y las dificultades que la mayoría de ellos tiene con la justicia.

La noticia del desalojo de la familia Humala-Heredia, por ejemplo, ha indignado a políticos de distintas tiendas, a líderes de opinión y a un sinnúmero de opinantes de las redes sociales; sin embargo, el hallazgo de la periodista de “Panorama” Karina Novoa, de un millón y medio de sobres de ‘chispitas’ o micronutrientes vencidos en los almacenes del Ministerio de Salud, a las justas ha conmovido a unos cuantos investigadores.

Según el programa periodístico, un sobrestock de estas vitaminas destinadas a combatir la anemia infantil ha caducado, y hay cinco millones de sobres al borde de la expiración.

El despropósito ocurrió cuando Aníbal Velásquez, ministro de Salud de Humala, dispuso la compra de 235 millones de sobrecitos de micronutrientes para repartirlos todos a la vez, lo que desbordó la logística del Minsa. La actual ministra de Salud, Silvia Pessah, quien fue la viceministra encargada de esa área, tampoco hizo mucho por solucionar el problema.

Pero la responsabilidad de que la anemia en el Perú se haya incrementado del 2012 en adelante es de Ollanta Humala, de la primera ministra de Desarrollo e Inclusión Social de su gobierno, Carolina Trivelli, y de la ministra de Salud de entonces, Midori de Habich.

En octubre de ese año, el Estado desactivó el Pronaa, y con este, el programa contra la desnutrición infantil que operaba el Minsa, pero que estaba dentro del presupuesto de la recién desaparecida organización.

La creación de Qali Warma, un programa que asiste a niños en edad escolar, captó toda la atención de los nuevos burócratas del Midis, y dejaron al final de la cola a los recién nacidos. Se habían propuesto seis objetivos nacionales que iban desde la reducción de la desnutrición infantil hasta la asistencia a niños de 3 a 5 años, pero increíblemente olvidaron la necesidad de disminuir la anemia, que quedó en manos del Minsa; y como se había desactivado el Pronaa, el Estado dejó de proteger a 600 mil niños de 0 a 3 años, y a 70 mil madres gestantes que vivían en la extrema pobreza en todo el país.

Hasta el 2012, el Programa Integral de Nutrición –en el que intervenían el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, y la Digesa– repartía cada mes canastas con arroz, aceite, leche, azúcar, frejol y papilla, un preparado altamente nutritivo.

Lo denunciamos en esta misma columna, en octubre del 2013. Cuatro años y medio después no se ha terminado de corregir la falencia.

Según el INEI, los que más sufren son los niños de Puno, Loreto, Ucayali, Pasco y Madre de Dios, pero el drama está en todo el Perú: el 43% de niños peruanos tiene anemia, dos veces más que en México y 10 veces más que en Chile. Y ahora se conoce que los micronutrientes, las vitaminas que debían de servir para combatir la anemia y paliar los casos de desnutrición, perecen antes de llegar a los hospitales o llegan a punto de vencerse.

Al millón y medio de ‘chispitas’ que han caducado, habría que agregarles las que se perdieron en el incendio de El Agustino en octubre del 2016, en el que murieron tres heroicos bomberos y donde se quemaron 37 millones de micronutrientes valorizados en 2 millones 872 mil soles.