Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicitó a la Corte Suprema que realicen un pleno casatorio a fin de que se regule el delito de lavado de activos. (Foto: Reuters/ Archivo)
Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicitó a la Corte Suprema que realicen un pleno casatorio a fin de que se regule el delito de lavado de activos. (Foto: Reuters/ Archivo)
Redacción EC

El fiscal de la Nación, advirtió que la reciente casación 92-2017 emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema es “instrumento generador de impunidad” que podría llevar al archivo los procesos e investigaciones por .

 El titular del Ministerio Público indicó que el riesgo está en los casos en que no se pueda acreditar el delito previo o la actividad que genera las ganancias ilícitas de los imputados, como exige la sentencia que a inicios de agosto emitió la sala que preside el juez César Hinostroza.

"[La casación 92-2017] constituye un instrumento generador de impunidad”, dijo Sánchez en un oficio enviado al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, en el que le transmitió su preocupación por la referida decisión de la Segunda Sala Penal Transitoria. 

En el escrito, el fiscal de la Nación le solicitó a Rodríguez que se realice un Pleno Casatorio en la Corte Suprema para que definan cuál será la regulación en los procesos por lavado en adelante, a fin de superar la jurisprudencia trazada por la sala del juez Hinostroza. 

La casación 92-2017 establece nuevos criterios para que se inicien los procesos por blanqueo de dinero. Entre ellos, que se especifique el hecho ilícito y que el investigado o procesado conozca o presuma del origen ilegal de los fondos que el Ministerio Público investiga.

El fiscal de la Nación indicó que tal sentencia vulnera también los compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano, como las convenciones de Naciones Unidad en Viena y Palermo, así como las recomendaciones del Grupo de Accción Financiera (GAFI). 

Sánchez advirtió que la decisión judicial tiene efecto vinculante, de modo que los jueces de instancias inferiores de todo el país tienen la obligación de cumplirlo. Por ello, según el fiscal de la Nación, resulta indispensable que se realice un pleno casatorio con prontitud.