El fiscal supremo Tomás Gálvez afirma que desconocía este hecho cuando presentó las declaraciones juradas. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / Video: Carls Mayo)
Redacción EC

Por Rodrigo Cruz / Rosa Vallejos

El fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, protagonista de audios con el hoy suspendido juez supremo César Hinostroza, habría presentado declaraciones juradas con firmas adulteradas en el 2016. Según un informe grafotécnico del perito judicial Alberto Castro Alata, las firmas que aparecen en tres declaraciones juradas presentadas por Gálvez en una investigación que se le siguió en la fiscalía “presentan características de ser falsas”.

El caso nace de una denuncia de Ginger Salguero Alcalá, ex asistente de Tomás Gálvez. En noviembre del 2015, ella acusó al fiscal de haberse apropiado de S/23.469 de la fiscalía “utilizando boletas de consumo falsas para justificar gastos inexistentes” cuando era director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público.

El peritaje de parte, realizado por Castro por encargo de Henri León Poma, ahora ex abogado de Salguero, determinó que las firmas de Juan Marino Abanto Díaz y Lucy Karina Chuquimango Jabo, propietarios de dos de los restaurantes que emitieron boletas de consumo a nombre de la fiscalía, “no corresponden al puño gráfico de su titular”.

Conocido el peritaje, León afirmó que estos resultados probarían que Gálvez habría cometido “los delitos de falsedad pública en la modalidad de falsedad documental y uso de documentos privados falsos”.

—La denuncia—
Cuando Salguero –quien no contestó nuestras llamadas para esta nota– acusó a Tomás Gálvez de haber sobrevalorado gastos en capacitaciones a ronderos de Cajamarca y San Martín, el fiscal presentó en su defensa declaraciones juradas de los propietarios de los restaurantes, quienes admitían que giraron boletas por consumo a nombre del MP. Sin embargo, León señala que en ese entonces había detectado que dos declaraciones presentaban firmas con “discrepancia radical” y que lo informó a la fiscalía.

El 4 de julio del 2016, el fiscal supremo Pedro Chávarry, entonces jefe de Control Interno del MP, declaró infundada la denuncia contra Tomás Gálvez. Señaló que no tenía “sustento fáctico ni legal”. Dos años después, en julio pasado, León contrató a un perito judicial. “Mandé a hacer el peritaje porque siempre tuve la convicción de que esos documentos eran falsos”, explicó. El análisis determinó que las firmas de las declaraciones presentadas por Gálvez no son auténticas.

Este Diario llamó a Juan Abanto, propietario de uno de los restaurantes, cuya rúbrica habría sido suplantada, pero no respondió. Lucy Chuquimango, dueña de otro local, inicialmente dijo que sí firmó la declaración jurada, pero luego sostuvo que no recordaba con exactitud.

En entrevista con El Comercio, Tomás Gálvez confirmó que la firma de Abanto no es la que aparece en las declaraciones juradas que presentó inicialmente para su defensa. Precisó que fue su ex coordinador Leopoldo Quispe Palma quien las recabó y que desconocía sobre la firma falsa. Añadió que esta situación fue esclarecida con una nueva declaración jurada.

“Cuando la denuncia sube a la Fiscalía de la Nación, hago llegar nuevamente las declaraciones juradas del señor Abanto, donde dice que efectivamente no es su firma porque él no administraba el restaurante, sino su esposa, y dice que ella firmó por él. Y hacen una declaración jurada donde ratifican la autenticidad de las boletas”, explicó.

Para el fiscal, lo ocurrido no configura un delito. “En lo absoluto. Recuerde que para que el documento sea falso, el contenido del documento tiene que ser falso [...] ¿y cuál era el contenido? La emisión de las boletas. Y este hecho fue auténtico”, señaló.

El abogado León afirmó que Gálvez sí cometió un delito. “Existe una tipificación penal que dice que quien usa un documento falso comete delito. Ahora él está reconociendo que la esposa lo ha hecho, peor aún. ¿Cómo un fiscal puede presentar un documento suscrito por terceros?”, se preguntó.

—Chávarry responde—
A través de la Gerencia de Imagen del Ministerio Público, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, dijo que su decisión de archivar la investigación a Gálvez “se remitió a documentos oficiales y al informe de contabilidad de su institución”.

Sobre el peritaje de este informe, señaló que no opinará porque es un documento externo que no conoce.