Fiscalía abrió investigación contra congresista electa Mónica Saavedra por omisión de información

Como se recuerda, la representante de Acción Popular (AP) por Lima fue denunciada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras conocerse que en la declaración jurada de hojas de vida que presentó para su candidatura al Congreso de la República, no había consignado el proceso judicial por violencia familiar en su contra.

El proceso fue llevado ante la Corte Superior de Justicia de Lima, donde el Segundo Juzgado Transitorio de Familiar Tutelar de Lima, mediante Resolución Nro. 20 de fecha 20 de noviembre de 2013, declaró fundada la demanda por violencia familiar promovida en contra de la referida congresista electa (expediente Nro. 04826-2012).

Dicha decisión judicial fue declarada consentida mediante resolución Nro. 22 de fecha 3 de marzo de 2014, con lo que dicha decisión en contra de Saavedra Ocharán, adquirió firmeza.

Ahora, tras abrir investigación contra la congresista, la fiscalía penal a cargo de la magistrada Patricia Miranda Gamarra, dispuso oficiar al Jurado Nacional de Elecciones y a la Corte Superior de Lima para que remitan información oficial sobre la postulación y proceso judicial, respectivamente.

Fuentes judiciales informaron que Saavedra ya fue notificada sobre las pesquisas fiscales iniciadas en su contra.

“Nunca brindé información falsa”

En comunicación con este Diario, la congresista electa Mónica Saavedra, remarcó que “no tengo ningún inconveniente de ser investigada por las instancias competentes, siendo yo la primera interesada en aclarar esta situación, debo precisar que nunca he ejercido violencia psicológica, menos física contra mis hijos”.

“Todo lo contrario, como madre siempre los he cuidado y protegido, por eso mi denuncia primigenia dio inicio al proceso de tipo tutelar en el fuero familiar, y a la resolución judicial que se comenta. Estoy segura que mis argumentos de hecho y de derecho demostrarán que nunca brinde información falsa en el proceso de inscripción”, dijo la representante de Acción Popular.

Asimismo, consideró que “detrás de todas las denuncias contra mi persona hay una campaña de desprestigio y bullying político, enmarcado en el contexto de violencia de género que sufre el país”.

La denuncia, inicialmente había sido derivada ante el despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. No obstante, la carpeta fue devuelta al despacho de la fiscal provincial Miranda Gamarra, al considerarse que los hechos atribuidos a Mónica Saavedra “no fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones como congresista, sino que ha tenido lugar durante el proceso de su postulación [...] por lo tanto no le asiste la prerrogativa constitucional del antejuicio político”.

Días atrás El Comercio informó que, a través de una disposición fechada el 28 de febrero, la fiscal Ávalos señala que “debe evaluarse la conducta imputada desde la perspectiva de la presunta comisión de un delito conforme al procedimiento penal común”.

“En consecuencia -dice ella en la resolución- este despacho se encuentra imposibilitado de avocarse al conocimiento de los hechos atribuidos a la denunciada correspondiendo por ello, se devuelva los actuados de la presente carpeta fiscal a la Octava Fiscalía Provincial Penal para que proceda conforme a sus atribuciones”.

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