A fines de noviembre, el juez supremo instructor de primera instancia, Hugo Núñez Julca, declaró fundado un recurso de Pedro Chávarry y archivó la investigación en su contra por la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del equipo especial (Foto: GEC)
A fines de noviembre, el juez supremo instructor de primera instancia, Hugo Núñez Julca, declaró fundado un recurso de Pedro Chávarry y archivó la investigación en su contra por la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del equipo especial (Foto: GEC)
Karem Barboza Quiroz

El fiscal supremo provisional, César Zanabria, afirmó -ante el - que las acciones que desplegó -entonces titular del Ministerio Público- contra el sí tenían la potencial finalidad de obstaculizar la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular (FP), .

Así lo sustentó Zanabria ante la Sala Especial de Apelaciones de la Corte Suprema que revisó el recurso de la Fiscalía de la Nación que busca que Pedro Chávarry continúe siendo investigado por el presunto delito de encubrimiento real. Esto por, haber removido a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, en diciembre del 2018; y por tratar de obstaculizar el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht.

“Las conductas imputadas al investigado Pedro Chávarry, sí tenía la potencialidad de afectar la administración de justicia por cuanto estaban dirigidas a obstaculizar el acuerdo de colaboración eficaz que iba a suscribir el Equipo Especial y la pronta identificación de las huellas del delito que se podría identificar con este acuerdo especial”, sentenció Zanabria.

A fines de noviembre, el juez supremo instructor de primera instancia, Hugo Núñez Julca, declaró fundada la tutela de derecho interpuesta por Chávarry y archivó la investigación en su contra al sostener que los hechos imputados no constituían encubrimiento real. De inmediato, el Ministerio Público anunció que iba a apelar.

Durante la audiencia en la que se evaluó dicho recurso, Zanabria remarcó que se abrió instrucción contra Chávarry porque habría tratado de ocultar la información que se iba a poner en conocimiento del Equipo Especial cuando se estaba investigando a Keiko Fujimori a través del acuerdo de colaboración con Odebrecht; y la posterior remoción de los fiscales Vela y Pérez.

“Las conductas de Pedro Chávarry sí se adecuan al delito de encubrimiento real", exclamó Zanabria, quien añadió que el fiscal supremo procuró “la desaparición de huellas y pruebas", que implicaba dejarlas fuera de la vista de la administración de justicia.

Por ello, solicitó anular la decisión del juzgado supremo de primera instancia y se disponga que Chávarry Vallejos, continúe siendo investigado por el presunto delito de encubrimiento real.

El representante de la procuraduría, a su turno, aclaró que el delito de encubrimiento real solo requiere actos potenciales y no necesariamente un resultado final concretado.

“Es indudable e inequívoco que el investigado sabía que el proceso de colaboración eficaz tenía el carácter de reservado”, dijo.

Por tanto, consideró que el comportamiento de solicitar información se encuadra en la modalidad de obstaculizar las pesquisas y con la remoción de los fiscales se podría ldar la desaparición de las huellas del delito.

Defensa pide que se confirme archivo

A su turno, Julio Rodríguez, abogado de Chávarry, pidió que se confirme la resolución que archivaba la investigación contra su patrocinado.

Indicó que dentro de las prerrogativas de su cargo como fiscal de la Nación se encontraba remover a los fiscales Vela y Pérez.

Rodríguez aseguró que su patrocinado no solicitó información sobre el Acuerdo de Colaboración con la empresa Odebrecht, sino que el jefe del Equipo Especial, Rafael Vela, aclare las informaciones periodísticas sobre las declaraciones que había brindado respecto a dicho convenio.

“El coordinador del Equipo Especial en momentos de esta publicación (del Acuerdo de Colaboración) declaró a diversos medios, señalando y dando explicaciones del Acuerdo que se estaba publicitado en medios”, sostuvo el abogado.

En esa línea, manifestó que Chávarry no pide una copia del acuerdo; sino un informe sobre las declaraciones públicas.

La Sala Especial de la Corte Suprema, presidida por la jueza suprema Evia Barrios e integrada por los magistrados supremo José Neyra e Iván Guerrero, dejó al voto el pedido del Ministerio Público e informó que resolvería en el plazo de ley.