Caso Odebrecht: fiscalía pide que Luis Nava no salga del país

El equipo especial del Caso Lava Jato solicitó el impedimento de salida del país por 18 meses para Luis Nava Guibert, ministro y secretario general de Palacio de Gobierno durante el segundo gobierno de Alan García, y su hijo José Antonio Nava Mendiola. Ambos son investigados por el delito de lavado de activos por el caso de la línea 1 del metro de Lima, obra ejecutada en el segundo gobierno aprista.

El pasado 9 de abril, el fiscal José Domingo Pérez decidió ampliar la investigación preliminar contra Luis Nava e hijo por este caso, según informó “América Noticias”. El despacho de Pérez asumió la indagación que estaba a cargo del fiscal José Luis Castellanos por los contratos entre su empresa Transportes Don Reyna y Odebrecht.

Pérez investiga dos carpetas relacionadas con el metro de Lima: la primera, por el presunto pago de sobornos a cambio de la licitación; y la segunda, por la emisión del marco legal que impulsó la obra. Esta construcción costó US$527 millones.

La hipótesis de la fiscalía es que Luis Nava y su hijo habrían utilizado la empresa y el estudio de abogados Nava y Huesa para recibir pagos ilícitos.

“Habrían participado en el sistema de recepción de dineros ilícitos para beneficio de [Alan] García Pérez, así como para otros funcionarios que tuvieron alguna participación relevante y decisión en el proyecto de la línea 1 del metro de Lima”, cita el documento fiscal de la ampliación de la investigación.En su defensa, Nava difundió un comunicado en el que negó que haya participado en actividades ilícitas. Rechazó que el ex presidente García haya tenido alguna relación con el manejo de su empresa o las de sus hijos.

Sobre la relación con la constructora brasileña, afirmó que el propio Jorge Barata ha señalado que Transportes Don Reyna prestó servicios a la compañía desde muchos años antes del inicio del segundo gobierno aprista. Del mismo modo, señaló que el estudio Nava y Huesa solo brindó servicios legales a Odebrecht por un corto período.

El pedido será evaluado este lunes 15 por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Delitos de Corrupción.

—La ruta del dinero—
En octubre del año pasado, el ex director de contratos de Odebrecht Antonio Carlos Nostre declaró ante el fiscal Pérez que se pagaron sobornos por US$24’386.000 en el proyecto de la línea 1 del metro de Lima. En las planillas de la constructora, esos pagos figuraron bajo el rubro de “riesgos adicionales”.

Nostre solo pudo identificar el destino final de US$10 millones. No pudo precisar a quién se le pagaron los US$14 millones restantes. No negó ni corroboró que Alan García y el ex ministro de Transportes Enrique Cornejo hayan sido beneficiarios del dinero ilícito.

Según Nostre, los sobornos se entregaron en dos tramos: el primero de US$6’900.000 y el segundo de US$17’486.000. De ese monto salieron los pagos al ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, los integrantes del comité de selección Edwin Luyo, Santiago Chau y Mariella Huerta, así como a los miembros del comité evaluador que otorgó la buena pro al consorcio Tren Eléctrico [ver recuadro].

El ex directivo de Odebrecht informó que la empresa socia Graña y Montero tenía conocimiento sobre el pago de estas presuntas coimas.

Hasta el momento, cinco investigados han sido detenidos por este caso. Mientras, el Ministerio de Justicia lleva el proceso de extradición contra Mariela Huerta desde EE.UU. Santiago Chau se encuentra prófugo.

—Contratos con Odebrecht—
Transportes Don Reyna, de propiedad de la familia de Luis Nava, ha sido contratista de Odebrecht en los proyectos por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, Transvase Olmos, Vías Nuevas de Lima, Costa Verde del Callao y el terminal sur del puerto del Callao. La empresa recibió casi US$18 millones por los servicios brindados, entre el 2007 y el 2017.

La fiscalía también indaga el origen del patrimonio utilizado por la familia Nava en la adquisición de los camiones que fueron alquilados a la constructora brasileña.

Esta investigación se lleva en paralelo a la indagación por la presunta recepción de aportes para la campaña de Alan García del 2006. Por este caso, Luis Alva Castro tiene 18 meses de impedimento de salida del país.