El empresario chileno Gerardo Sepúlveda (der.) fue incluido por el fiscal José Domingo Pérez en la investigación por las presuntas irregularidades en la IIRSA Sur como cómplice de colusión agravada. (Foto: GEC)
El empresario chileno Gerardo Sepúlveda (der.) fue incluido por el fiscal José Domingo Pérez en la investigación por las presuntas irregularidades en la IIRSA Sur como cómplice de colusión agravada. (Foto: GEC)

Desde fines de febrero, el empresario chileno se encuentra en el Perú, pero no por voluntad propia, sino porque el juez Richard Concepción Carhuancho dictó en su contra una orden de impedimento de salida del país por dos meses, que luego se fue ampliando hasta vencer el último viernes 26 de junio.

Al día siguiente, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, solicitó al Poder Judicial ordenar, nuevamente, impedimento de salida a Sepúlveda Quezada, pero esta vez por 36 meses, a raíz de la investigación preparatoria que le sigue por las presuntas irregularidades en la concesión de los tramos II y III de la carretera Interoceánica o IIRSA Sur a favor de Odebrecht, durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

MIRA: Fiscal Pérez pide 36 meses de impedimento de salida del país para Sepúlveda

Pérez le imputa al socio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ser “cómplice primario” en el presunto delito de colusión agravada.

Según la disposición fiscal N° 24- en la que se formaliza investigación preparatoria a Kuczynski, Sepúlveda y otros implicados en el caso IIRSA Sur- el empresario chileno habría “defraudado al Estado concertándose con los representantes de la empresa Odebrecht y asociadas, así como con funcionarios públicos para favorecerla” en la concesión.


Gerardo Sepúlveda estuvo presente en la ceremonia de juramentación de Kuczynski como presidente de la República. Son amigos desde 1992. (Foto GEC)
Gerardo Sepúlveda estuvo presente en la ceremonia de juramentación de Kuczynski como presidente de la República. Son amigos desde 1992. (Foto GEC)

En el documento, al que tuvo acceso El Comercio, Pérez refiere que estas acciones, por parte de Sepúlveda y otros, ocasionaron “perjuicio patrimonial” al Estado.

También advierte que halló indicios de “concertación” por parte del empresario cuando elaboró la estructuración financiera, a través de la Westfield Capital (fundada por PPK), para el proyecto.

El fiscal subraya que esta propuesta financiera, al momento de ser entregada a ProInversión, omitió consignar a Westfield Capital como uno de los asesores financieros de Odebrecht y sus socios. Añade que solamente figura el Banco de Crédito del Perú (BCP), y que así lo deja en constancia dos documentos sobre la evaluación económica de los tramos II y III de la carretera Interoceánica.

El Ministerio Público considera que de esta forma se evidenció “la intención” de Kuczynski “de no aparecer en estos actos públicos” por medio de su empresa. “No obstante, su participación e incidencia directa la tendría en su condición de presidente del Consejo Directivo de ProInversión, por razón de su cargo, en el proceso de contratación referido”, indica.

Al ser consultado sobre este punto, durante el interrogatorio al que fue sometido el último viernes, Sepúlveda respondió que probablemente Westfield Capital no aparece en los documentos, porque se requería una firma suya firmada en el documento original y en ese momento seguro “no me encontraba en el país”.

Las adendas que distorsionaron los contratos

Otro punto que cuestiona el fiscal Pérez sobre la participación del empresario chileno en el proceso de concesión de los tramos II y III de la IIRSA Sur es que a partir de la asesoría financiera que brindó surgen dos adendas, que “modificaron la esencia y naturaleza” de los contratos originales, “quebrando el equilibrio económico financiaron entre” el Estado y Odebrecht y sus socios.

Las adendas N°3 en ambos contratos fueron suscritas el 26 de julio de 2006, es decir a dos días de que concluya el mandato de Toledo.

El equipo especial Lava Jato del Ministerio Público detalla que con estas modificaciones se eliminaron los mecanismos con que los que contaba el Estado- previstos en el contrato de concesión- para resguardar los fondos destinados a solventar la construcción de la carretera y pagar solo cuando se determinen que las obras hayan sido ejecutadas “a satisfacción”.

Estas condiciones, añade el documento de más de 350 páginas, le generaban un “alto interés” a las empresas concesionarias al momento de acceder al financiamiento, por ello el respaldo del Estado, por medio de las adendas N°3, les “generó ventajosas modificaciones” como:

(Foto: El Comercio)
(Foto: El Comercio)

El informe de auditoría N°533-2016 de la Contraloría General de la República, citado en la formalización de investigación, también advierte que con la creación de los Certificados de Reconocimiento de Pago Anual de Obras (CRPAOS)-por medio de las adendas N°3- el Estado asumía “la obligación directa, genera, incondicional e irrevocable” de pagar el monto establecido en dicho certificado, “renunciando a su derecho a suspender o posponer” dichas transferencias “en caso verifique que las empresas concesionarias no hubiesen cumplido con el avance de las obras”.

(Foto: El Comercio)
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Pérez afirma que la empresa fundada por PPK y representada, en ese momento, por Sepúlveda se vio favorecida con un pago extra debido a que Odebrecht dejó de usar una garantía del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

(Foto: El Comercio)
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Para el Ministerio Público, los elementos descritos líneas arriba “evidencian un indicio fuerte” de actos de concertación entre Kuczynski, en su condición de presidente del Consejo Directivo de ProInversión, y Jorge Barata, representante de Odebrecht, a fin de impulsar la creación de los CRPAOS por medio de la firma de dos adendas, que generaron un compromiso económico al Estado que no estaba previsto “en las bases ni en el contrato de concesión”.

El fiscal Pérez sostiene que Sepúlveda “facilitó” esta concertación, debido a que sus funciones en Westfield Capital “habrían sido delegadas por el propio” PPK.

Remarca que First Capital, de propiedad del empresario chileno, continúo, por su cuenta, con las asesorías que Westfield Capital tenía inicialmente a favor de Odebrecht en ese proyecto. Esto, de acuerdo a la formalización de investigación, significa que ambas empresas “actuaban indistintamente en función a la necesidad de la otra”.

Percy García Cavero, abogado de Sepúlveda, rechazó la imputación hecha por el Ministerio Público a su cliente.

“El contrato de Westfield Capital con Odebrecht establecía un honorario, de obtener el financiamiento a través de bonos, de S/10′200.000, que se dividirían en partes iguales con el BCP. Con los CRPAOS, que se incluyen en las adendas N°3, ese honorario fue modificado a S/1′200.000, también a fraccionarse en partes iguales con el banco”, explicó.

“Entonces, si bajo la lógica del fiscal, Sepúlveda contribuyó a defraudar al Estado y consiguió el respaldo de Kuczynski a los CRPAOS, por qué iba a permitir que sus honorarios se los reduzcan de S/10′200.000 a S/1′200.000. No tiene sentido. El cambio de sistema perjudicó las ganancias previstas por Westfield Capital y de Sepúlveda, que fue el estructurador”, agregó.

García Cavero consideró que el fiscal Pérez ha utilizado “como pretexto” la investigación del caso IIRSA Sur, dirigida a PPK y otros exfuncionarios de la administración toledista, para incluir a su patrocinado, con el objetivo de evitar que este pueda abandonar el país.

Más información

Sepúlveda denunció al Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), al considerar que la justicia nacional amplió su prohibición para abandonar el país de manera irregular y lo retuvo, por tanto, de forma ilegal.

El juez Jorge Chávez Tamariz confirmó, a inicios de junio, la medida de comparecencia con restricciones ordenada contra el empresario chileno. De esta manera, rechazó la apelación del fiscal Pérez que se le aplique prisión preventiva al socio de PPK. También fijo una caución de S/500.000 que Sepúlveda ya pagó.

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