Alan García y la investigación que podría inhabilitarlo para el 2016

SEBASTIAN ORTIZ MARTÍNEZ @Shebas07 Redacción Online

Por primera vez, el ex presidente Alan García Pérez ve que existe real peligro de que sea dejado fuera de las elecciones presidenciales del 2016. Cuatro de los informes de la megacomisión, incluyendo el último sobre los narcoindultos, recomiendan que sea acusado constitucionalmente, lo que sería el comienzo de un largo camino hacia su inhabilitación como candidato al Ejecutivo.

Según García y la plana mayor del APRA, el Gobierno intenta vetarlos por “rencor y venganza”, por ello anunciaron movilizaciones y no descartaron ir a instancias internacionales. Esto constituye el preludio del duro enfrentamiento entre el aprismo y Gana Perú, que desde el Congreso respaldará las conclusiones de la comisión Tejada. A continuación las claves de la investigación al ex jefe de Estado.

1. LOS PRIMEROS INFORMES En julio del 2012, la megacomisión presentó el primero de los cincos informes que debe entregar al pleno del Congreso el 17 de enero próximo. Sobre las presuntas irregularidades en la construcción y remodelación de los colegios emblemáticos, el grupo investigador concluyó que gracias al DU 004-2009, expedido por García, se entregó a dedo las licitaciones de la renovación de estos centros educativos. Además, en el caso de Agua para Todos y Sedapal, la megacomisión señaló que el ex presidente y sus ex ministros Jorge Del Castillo y Hernán Garrido Lecca habrían vulnerado el artículo 125 de la Constitución, que indica que el Consejo de Ministros debe aprobar los proyectos y decretos que el jefe de Estado firma.

Sin tomar en cuenta las observaciones hechas por el ex presidente Toledo a la Ley 28870 (Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento), el aprista la promulgó tras asumir el cargo. Al amparo de esta norma, se promulgaron después otras leyes, como el D. S. 020-2006-Vivienda, que declara en emergencia la infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento; y el decreto de urgencia 14-2007, que declara en emergencia diversos proyectos de inversión. Estos dispositivos, al acelerar los proyectos de saneamiento, habrían generado, en primer lugar, que se entreguen proyectos sin licitación y, en segundo lugar, pérdidas al Estado por la mala elaboración de expedientes técnicos. En los dos informes, la megacomisión recomienda la acusación constitucional.

2. INTERFERENCIA POLÍTICA EN BTR El tercer informe, en que la megacomisión analizó el caso Business Track, también recomienda acusar constitucionalmente a García y a los ex ministros Del Castillo, Garrido Lecca e Hidalgo. Según el documento, existen indicios suficientes para determinar que el ex jefe de Estado y sus colaboradores interfirieron en la investigación policial y fiscal del ‘chuponeo’ telefónico, en el 2009.

Para el grupo que dirige Tejada (Gana Perú), las ex autoridades apristas habrían incurrido en los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, encubrimiento personal, obstrucción de la justicia, entre otros.

La investigación determinó que García Pérez habría interferido con la fiscal Echaíz para orientar la investigación de determinadas formas para que pase de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) a la Dirección Antidrogas (Dirandro) donde él tenía una cercanía con el entonces jefe Miguel Hidalgo, según declaración de otros funcionarios.

3. LOS ‘NARCOINDULTOS’ García y sus ex ministros de Justicia Rosario Fernández y Aurelio Pastor incurrieron en una infracción a la Constitución al haber reducido la pena de 400 sentenciados por narcotráfico, según el informe final de los ‘narcoindultos’ que aprobó la megacomisión por mayoría. De la investigación, se desprende que el grupo halló documento con la firma y anotaciones del aprista, en los cuales rebajaba aun más la recomendación de la Comisión de Gracias Presidenciales para disminuirle la pena a ciertos reos.

Otra de las líneas centrales del informe, también señalan como hipótesis que García Pérez habría formado parte de una organización delictiva que beneficiaba a internos a cambio de dinero. Esa es la misma línea que tiene la Procuraduría Anticorrupción, que le ha solicitado a la Fiscalía de la Nación investigar al ex jefe de Estado por los presuntos delitos contra la administración pública, cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado.

Genaro Vélez, abogado del aprista, minimizó el informe de la megacomisión al sostener que: “El presidente tiene la atribución, que le concede la Constitución para dar (conmutaciones de pena a reos). Si hubo situaciones irregulares por debajo de él, eso se debe individualizar y la fiscalía tiene que investigar. Pero la atribución de un ex presidente no puede ser enervada por una posición política de los nacionalista”.

4. EL TRÁMITE DE LA ACUSACIÓN La megacomisión presentará su informe final el 17 de enero próximo, cuyas conclusiones deberán ser analizadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que, a su vez, deberá preparar un nuevo documento. En este puede recomendar que proceda la denuncia constitucional contra García Pérez o que se archive.

Después, el nuevo informe irá a la Comisión Permanente, donde están representados todos los partidos. Si lo aprueban en esta instancia irá al pleno para su debate final. Se necesitan 2/3 del total de congresistas sin la participación de los miembros de la Permanente para aprobar la inhabilitación. Los apristas solamente tienen cuatro representantes y sus aliados del fujimorismo ya marcaron distancia. “No blindaremos a nadie”, dijo su vocero Julio Gagó. Pero fue Martha Chávez la que fue más drástica: “ellos son nuestros adversarios”. Tal vez, esta sea la principal razón de la airada respuesta de García y sus ‘compañeros’. Hoy, sí, hoy, existe el temor en Alfonso Ugarte a que su líder sea inhabilitado.