Abogado de Fujimori: "Su arresto domiciliario implicaría un ahorro al Estado"

SEBASTIAN ORTIZ MARTÍNEZ @Shebas07 Redacción Online

A inicios de agosto, el abogado William Paco Castillo presentó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud para que el ex presidente Alberto Fujimori cumpla su condena de 25 años de cárcel bajo arresto domiciliario. Dentro de sus argumentos, el letrado señaló que la aprobación de su pedido le ahorraría recursos al Estado peruano.

En diálogo con elcomercio.pe, Castillo explicó que si Fujimori es trasladado a un domicilio aún por fijar, el penal de Barbadillo, que está ubicado dentro de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía, tendría que cerrarse y los guardias y médicos del INPE que velan por el ex jefe de Estado serían reasignados a otros centros carcelarios.

“Si se varía el lugar de detención de mi patrocinado a una casa que fijaremos oportunamente, le significaría al Estado un ahorro de dinero que puede ser utilizado en los planes de inclusión social del actual Gobierno”, agregó.

Los otros cuatro argumentos, detalló el nuevo abogado de Fujimori, son que el ex jefe de Estado tiene más de 75 años, padece de cáncer y una depresión severa, no representa un peligro para la sociedad y ha cumplido casi un tercio de su sentencia.

Castillo contó que la Vocalía de la Corte Suprema le notificó a las partes, incluyéndolo, que tienen hasta el martes para pronunciarse sobre el pedido. Luego de esta fecha, el juez de turno deberá fijar una audiencia para realizar la vista de causa.

“Estimo que esta diligencia se realizará en dos semanas y después el magistrado dará una resolución”, concluyó.

“¡QUÉ PAGUE REPARACIÓN!” El abogado Ronald Gamarra, quien representa a los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, minimizó la solicitud hecha por Castillo e indicó que esta ni tiene ninguna justificación legal.

Además, en comunicación con este medio online sostuvo que si el ex presidente Fujimori “está tan preocupado por el ahorro y dinero del Estado, que pague los 200 millones de soles que debe por reparación civil y que devuelva toda la plata que robó en su Gobierno y que dejó que otros funcionarios sustraigan”.

Ayer, el también abogado de la parte civil Carlos Rivera señaló que solamente presentará un escrito de dos líneas para refutar la pretensión de Castillo. “Creo que es un pedido ilegal. El vocal supremo nos ha pedido opinión y asistir a un informe oral, creo que es excesivo. Nosotros vamos a responder en el tiempo que nos ha concedido en dos líneas”, refirió en Radio San Borja.

“Es decir, simplemente que el pedido es ilegal y que no es parte del ordenamiento legal peruano el cumplimiento de penas efectivas en el domicilio de los acusados, porque además dice que quiere una pena en un domicilio que no dice cuál es ni dónde queda”, remarcó.