FABIOLA TORRES LÓPEZ Unidad de Investigación

Los pasillos que esconden cuartos secretos de la casa de Vladimiro Montesinos, en la playa Arica, son tan enmarañados como la actual situación legal de la propiedad. El búnker de 2.300 metros cuadrados, construido por el ‘Doc’ con dinero sustraído al Estado, está en poder de su testaferro Nelly Tovar Mendívil.

El Comercio descubrió que esta cusqueña, de 59 años, es la dueña en los Registros Públicos porque el Poder Judicial nunca inscribió su incautación para bloquear las partidas de dicha propiedad hallada hace doce años por las autoridades.

En el 2001, pasando por alto este trámite clave, la Comisión Nacional de Bienes Incautados y Decomisados (Comabid) –adscrita entonces al Ministerio de Justicia– tomó posesión de la casa valorizada en un millón y medio de dólares, pero nunca indagó sobre el estado legal del inmueble.

Si bien el Sexto Juzgado Anticorrupción ordenó el 30 de mayo de ese año la incautación de todas las propiedades a nombre de Nelly Tovar y otros miembros de la red de testaferros de Montesinos, esta resolución no alcanzó a la residencia ubicada en la Mz.40 lotes 1, 2 y 22 de la playa Arica, en Lurín.

Ni dicho juzgado, ni la Comabid, ni la Procuraduría Anticorrupción repararon en que Tovar había simulado la venta de la casa a Jaime Esteves Rodas en 1996 ,para seguir ocultando al dueño real: Vladimiro Montesinos.

El otrora poderoso asesor de Alberto Fujimori mandó a construir la casa como un búnker para vivir oculto, con medidas de seguridad extremas y todos los lujos posibles junto a su amante Jacqueline Beltrán.

Nelly Tovar –esposa de Juan Valencia Rosas, conocido como el cajero de Montesinos– prestó su nombre para todos los trámites de esta y otras propiedades que compró el ‘Doc’ desde 1995.

Sin embargo, la Corte Suprema absolvió a Tovar del delito de asociación ilícita para delinquir en el 2006 (solo tuvo una condena de tres años de prisión suspendida por colaborar con la fuga de Montesinos) y no se supo más de ella.

UN GRAVE DESCUIDO Durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, la Procuraduría Anticorrupción no se preocupó por resolver el estado legal de la famosa casa en la playa Arica.

El actual procurador, Julio Arbizu, se enteró por este Diario del caso y adelantó que presentará una demanda de pérdida de dominio del bien a favor del Estado. Un trámite que debió haberse hecho hace 12 años.

Si este lujoso inmueble en decadencia estuviera decomisado, el Estado hoy podría venderlo para recaudar fondos en favor de la lucha contra el crimen organizado.

Por fuera, la casa de playa de Montesinos no ha cambiado su apariencia de cuartel militar.

Por dentro, uno de los pocos bienes que El Comercio encontró en un recorrido por todas sus habitaciones es la cama que compartieron el ‘Doc’ y su amante.

Muchos de los objetos de valor han desaparecido y no existe un inventario de ellos.

LA SUNAT SIGUIÓ LA PISTA En los últimos años, la Sunat fue la única que no perdió de vista a Nelly Tovar, quien enfrenta una deuda de S/.349 millones generada por el Impuesto a la Renta del patrimonio que nunca declaró. Sin discriminar que varias de las 15 propiedades que figuran a su nombre provienen de actividades ilícitas, la Sunat busca cobrarle la deuda con ellas.

En el Perú, las normas tributarias no toman en cuenta el origen del incremento patrimonial de las personas. Por ello, los ejecutores coactivos de la Sunat se interesaron en la residencia de la playa Arica.

El 8 de setiembre del 2011, la Sunat logró que el Decimocuarto Juzgado Civil de Lima anulara la transferencia de partidas de la casa que hizo Nelly Tovar a favor de Jaime Esteves. Así, el inmueble regresó a manos de la testaferro del ‘Doc’.

El 11 de enero del año pasado, la Sunat inscribió un embargo de la casa por un millón de soles (aunque este no es su valor real) y persigue su remate.

Sin embargo, Pilar Sosa, presidenta de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi), adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, espera revertir esta situación con la demanda de pérdida de dominio.

“Los bienes o fondos que provienen de delitos no pueden generar renta. El tributo no puede ser visto como una sanción por actos ilícitos”, apunta Sosa, quien en junio del año pasado empezó la titánica tarea de reconstruir el arcervo documentario de los bienes incautados.

Ella heredó legajos incompletos y desactualizados de las desactivadas Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (Ofecod) y Comisión de Administración de Bienes Incautados y Decomisados (Comabid) que funcionaron en los ministerios del Interior y de Justicia, respectivamente, hasta el 2012.

El desorden impide al Estado conocer el uso y estado legal actual de los bienes muebles e inmuebles incautados a los procesados por corrupción y narcotráfico en las últimas dos décadas.

En el legajo del búnker de Montesinos en poder de la Comabid solo se señala que está asignado al Ministerio de Educación para depósito de documentos desde el 2002.

EN PUNTOS EL PARADERO DE TOVAR Nelly Tovar Mendívil vive hoy en una casa de la calle Bayóvar, en Santiago de Surco, y trabaja en la empresa de Seguridad e Investigación Olimpo S.A., en Jesús María. El Comercio intentó comunicarse con ella, pero no atendió nuestras llamadas.

REMATES DE LA SUNAT El 2011, la Sunat embargó y convocó a remate de siete inmuebles a nombre de Luis Venero Garrido, su esposa Luz Elena Nazar Loayza, Samuel Winter Zuzunaga y Víctor Malca Villanueva. Sin embargo, estas propiedades tenían incautaciones previas de juzgados.

SUBASTA DE LA CONABI El próximo 12 de abril, la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi) hará por segunda vez una subasta pública para vender tres propiedades decomisadas a sentenciados por corrupción con el fin de recaudar fondos para la lucha contra el crimen organizado.