MIGUEL VIVANCO Corresponsal en Washington
Luego de diez horas de negociaciones, los cancilleres reunidos en la Organización de Estados Americanos (OEA) acordaron por consenso pedir al consejo permanente continuar el diálogo sobre los aspectos fundamentales para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, pero sin precisar fechas límites ni exclusiones de algunos estados miembros. En la cita los miembros del grupo de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) lograron imponer parcialmente varias de sus iniciativas.
Los cancilleres también reafirmaron su compromiso de lograr el pleno financiamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de fondos propios de la OEA. Mientras se alcanza ese objetivo, queda abierta la posibilidad de que los estados observadores o instituciones de la sociedad civil sigan realizando contribuciones voluntarias en el marco de los lineamientos hoy vigentes.
Asimismo, la resolución final propone a la CIDH que, en función del principio de indivisibilidad de los derechos humanos, fortalezca todas sus relatorías, inclusive mediante la consideración de otorgar el carácter de especiales a las relatorías temáticas existentes.
AMBIGÜEDAD EN EL PERÚ El tema del financiamiento de la CIDH y sus relatorías especialmente la de la libertad de expresión generó un hecho inusual en la sede de la OEA. Mientras en el Salón de las Américas los cancilleres leían sus discursos de respaldo o rechazo a los cambios antes mencionados, en la sala Simon Bolívar los embajadores del ALBA trataban de conseguir apoyo a sus iniciativas para estrangular financieramente a la CIDH.
Al iniciarse la reunión de cancilleres un total de 28 países habían mostrado su desacuerdo con las propuestas de limitar la independencia financiera de la CIDH. En ese grupo se encontraba el Perú.
Con el correr de las horas, Ecuador apeló a combinar los intereses bilaterales y multilaterales para ganar adeptos.
Esta situación generó malestar entre los representantes de las ONG, quienes dejaron saber a los cancilleres su malestar por la falta de claridad en el tema.
Se supo que los reclamos también fueron hechos al canciller peruano, Rafael Roncagliolo, al punto que se le habría pedido que se defina si apoyaba al ALBA o a los cambios propuestos por la propia CIDH.
El canciller peruano aclaró que el Perú apoya el fortalecimiento de la CIDH y respeta el trabajo realizado por los comisionados.
Al cierre del presente despacho, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, siguió criticando a la CIDH y advirtió que su país podría abandonar este organismo, al igual que Bolivia y Nicaragua.
RELATORÍA DE PRENSA La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH es tal vez el ente que con mayor firmeza ha actuado y defendido la libertad de prensa en el continente.
Así, en julio del 2011, condenó la sentencia emitida por un juez provisorio en Ecuador contra el diario El Universo, tres miembros de su junta directiva y el periodista Emilio Palacio. La sentencia condena a los directivos del diario y al periodista a tres años de prisión por el delito de injurias calumniosas contra una autoridad y a pagar 40 millones de dólares de indemnización en beneficio del presidente Rafael Correa.
Un año después condenó los tres ataques contra el diario El Norte (México), ocurridos en menos de un mes en el estado de Nuevo León y las amenazas contra periodistas en diversas partes del país.
La relatoría especial instó a las autoridades mexicanas a ejecutar acciones para proteger al periódico y a los periodistas amenazados.