El 70% del personal de la empresa israelí Global CST Ltda que ingresó al país para brindar capacitación a militares en el Vraem eran traductores y asesores, precisó hoy el contralor general de la Republica, Fuad Khoury, en sesión conjunta de las comisiones de Defensa y de Fiscalización del Parlamento.
Tras informar que hoy el Ministerio Público abrió investigación por este hecho, Khoury explicó que la propuesta de la empresa israelí mencionaba a 24 funcionarios como parte de su plana profesional pero, según un reporte de migraciones, solo ingresaron al país tres profesionales de esa lista.
Khoury señaló, asimismo, que de una lista de 113 instructores de Global CST Ltda, 77 eran traductores y 31 asesores. Del personal mencionado en esa lista, 5 no ingresaron al país durante el periodo de vigencia del contrato.
Algo parecido se observa en la lista de evaluación de instructores para el curso de entrenamiento. Global CST Ltda ofrecía 33 personas, de las cuales 6 eran instructores y el resto traductores.
“Eso nos lleva tener dudas razonables de la participación, calificaciones, experiencia, número de instructores ofrecidos, personal fantasma, sin perjuicio de la desproporción entre el 70% de asesores y traductores, frente al 30% restante”, refirió
NO CUMPLÍAN CON LOS AÑOS REQUERIDOS DE EXPERIENCIA Fuad Khoury también detalló que el personal que trajo Global CST Ltda para cumplir el contrato con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no cumplía con los 20 y 30 años de experiencia en campo que ofrecieron.
En la lista de instructores, precisó, solo el 28% tenía una edad mayor a 40 años, es decir, solo ese porcentaje cumple con las condiciones ofrecidas en la propuesta.
RECHAZÓ ACUSACIONES HACIA CONTRALORÍA Durante la etapa de respuesta a las interrogantes que plantearon los miembros de las comisiones de Defensa y Fiscalización, dijo que la Contraloría tiene como principal valor la independencia y autonomía, y en ese sentido rechazó insinuaciones de cualquier tipo en su actuación.
Aclaró que la Contraloría no participó en la firma del contrato y su ejecución, como lo indicaron algunas personas comprometidas en las investigaciones y precisó que solo autorizó, de acuerdo a ley, la exoneración del proceso de selección por tratarse de secreto militar.
Frente al pedido de varios parlamentarios para que precise cómo se cuantificó en 40 millones de soles el perjuicio para el Estado por esta contratación, Khoury aseveró que le corresponde al Ministerio Público hacer esa valorización.
Hay indicios de corrupción y de comisión de presuntos delitos, el Ministerio Público determinará dónde hubo error administrativo y dónde delito. Confío en que la Fiscalía determine exactamente lo ocurrido”, aseveró.
Ante los miembros de ambas comisiones, informó, de otro lado, que el Ministerio Público abrió la carpeta de instrucción por estos hechos y que Contraloría investiga al Jefe de la Oficina de Control Institucional cuyo informe no encontró las faltas detectadas posteriormente.