MARIELLA BALBI

— ¿Cuál es su análisis sincero y objetivo de lo ocurrido con Alejandro Toledo y las compras de inmuebles de su suegra Eva Fernenbug? Pienso que el presidente Toledo, en el afán de ayudar a su suegra en las adquisiciones que ha realizado, se encontró luego metido en un problema que nunca imaginó. Probablemente, cuando salió esto a la luz, no estaba preparado para una explicación concreta porque no tenía todo el detalle.

— Y, sin embargo, se publicó un comunicado de Perú Posible explicando la situación financiera de su suegra. ¿Fue un error? Para mí fue un error. Nunca se debió sacar un comunicado en defensa de la suegra. Se confundió un tema partidario con un tema privado. Evidentemente, al estar vinculado un ex presidente, la población merece una explicación. Si fuera un ciudadano más, ocurriría lo que en Costa Rica, donde la comisión del Congreso ha rechazado investigar porque es un tema privado.

— ¿Toledo faltó a la verdad al jurar que no hizo ninguna gestión para constituir la empresa Ecoteva y luego un abogado afirma haber tratado con él ese tema? Creo que se precipitó al hacer esa afirmación que luego fue contrastada con la realidad. A nosotros nos sorprendió porque él juró que no participó en la formación de Ecoteva. El presidente debe dar una explicación al respecto, pero todo está en las fiscalías de ambos países y las investigaciones deben seguir su curso.

LA NUEVA LEY UNIVERSITARIA — ¿Para qué la DINI contrata tanta gente? 150 policías, 400 retirados de las FF.AA. No tengo esa cifra. Pero la DINI no puede hacer inteligencia operativa. Lo visto en Miraflores son agentes de inteligencia que parecen el inspector Ardilla…

— ¿Para qué seguían a Fernando Rospigliosi? Podría ser que contrainteligencia quiere ver quiénes son sus informantes. Si fuera así, sería ilegal. Para actuar se requiere una orden judicial. Hay indicadores que debemos analizar: algunas primeras planas que recuerdan la época de Montesinos. Keiko Fujimori, Luis Castañeda, Alan García y Alejandro Toledo son cuestionados. Hay un incremento de la DINI. Pero no tenemos más. Por supuesto que me causa inquietud, pero hay otros temas como la [nueva] ley universitaria a la que estoy abocado…

— Y que está cuestionada porque, dicen, viola la autonomía universitaria… No es cierto. La ley se viene analizando desde el año pasado. Hemos recorrido todo el país, hablado con la Asamblea Nacional de Rectores. Quienes se oponen son un grupo de rectores que buscan mantener su poder; sus prebendas disminuirán.

— La superintendencia universitaria también es criticada. Esto lo dispone el Tribunal Constitucional. Va a garantizar la calidad educativa en las universidades públicas y privadas. Tendrá las funciones del Conafu, que no violaba la autonomía universitaria. No se interviene en el gobierno de la universidad, ni en lo administrativo ni en lo académico. Seguirá la libertad de cátedra. Chile, Brasil, Argentina tienen una superintendencia. En Francia depende del Ministerio de Educación. La superintendencia podrá cerrar programas y facultades que no garantizan la calidad educativa. Es obligación del Estado supervisarla o ¿quieren que se siga engañando a los jóvenes? Muchas son universidades chicha. Una que tiene 95 mil alumnos tiene una filial encima de una cebichería. Muchas no tienen laboratorio, biblioteca, ¡profesores! El presidente de la ANR tiene una universidad y a su vez es rector. No puede ser juez y parte. Actualmente, las universidades no acreditadas no son supervisadas. Solo cinco están inscritas.

— ¿Cuándo se vota la ley? Este fin de legislatura, que termina el 5 de julio.

Aquí puede leer la entrevista completa.

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