Una nueva denuncia pesaría sobre la actual Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y congresista de Perú Posible, Carmen Omonte Durand.
La información revelada por el programa "Panorama" gira en torno a un probable conflicto de intereses que sucedió a finales del año pasado, cuando la ministra desempeñaba labores de titular y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso. En setiembre del 2013, dicho grupo de trabajo abrió una investigación al presidente regional de Loreto,Yván Vásquez Valera por presunta malversación de fondos.
A los pocos días, el ex esposo de Omonte, Luis Dyer Ampudia, presidente de la empresa “Aceros y Techos S.A.” ganó una licitación por 17 millones de soles con el Gobierno Regional de Loreto (GOREL)
La mencionada licitiación se obtuvo el 16 de setiembre del año pasado y fue objeto de denuncia por medios de comunicación loretanas. En el mismo mes, Omonte Durand ingresa a la Comisión de Fiscalización como miembro titular, y, de manera unánime, es designada como vicepresidente.
Tal como estaba previsto, el grupo de trabajo parlamentario citó a Vásquez Valera para las respectivas investigaciones el 16 de octubre, día en que, según consta en actas congresales, Carmen Omonte no hizo uso de la palabra, ni formuló pregunta alguna al investigado. Sin embargo, un mes después, el 13 de noviembre del 2013, la congresista toledista se retiró de la comisión investigadora y fue reemplazada por José León, mediante una decisión unánime de la comisión.
Cabe recordar que, según el artículo 10, inciso f de la Ley General de Contrataciones del Estado (Decreto Legislativo N° 1017), se señala: “En el correspondiente proceso de contratación están impedidos para ser postor y/o contratista, el conyugue, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”. Es decir, se busca que los funcionarios del Estado no tengan injerencia en negocios entre el Estado y terceros. No obstante, Carmen Omonte Durand seguía casada legalmente con Dyer Ampudia, hasta el 23 de diciembre del 2013.
Este caso se agrega a las otras denuncias contra la ministra, que señalan que ella es accionista minoritaria en una de las empresas mineras de su ex esposo.