Hoy se inaugura la Conferencia Mundial Antidrogas y el Estado Peruano tiene un convenio con Peruvian Airlines y obliga a funcionarios del Ministerio del Interior y a mandos policiales a comprar pasajes a esa aerolínea.

Ello no tendría nada de malo si Peruvian Airlines no estuviera en la mira del Ministerio Público, la Procuraduría del Ministerio del Interior y las autoridades judiciales por presunto blanqueo de dinero del tráfico de drogas.

Vale recordar que la empresa fue creada por César Cataño Porras (cuyo nombre original es Adolfo Carhuallanqui, procesado por lavado de dinero del narcotráfico.

La noticia ha causado estupor e indignación entre las autoridades. Más de una tendrá que viajar para acudir a la cumbre antidrogas en una empresa cuyos orígenes no son del todo claros y habría servido para lavar dinero, precisamente, del narcotráfico. Por lo pronto, peritajes de la Dirandro demuestran serias irregularidades en el financiamiento de la empresa, lo que le ha servido a la fiscalía de Tacna para pedir la incorporación de la aerolínea en el proceso por lavado de dinero de Cataño/Carhuallanqui.

¿Y cómo justifica el Estado esta contratación con una empresa cuestionada? “Peruvian tiene autorización del Ministerio de Transportes para realizar sus servicios y eso fue suficiente para que participara, ganara la buena pro y firmara el convenio con nosotros. Además, es menos costosa para el Estado”, dijo Augusto Effio, director de la Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Lee la investigación completa en la edición impresa de El Comercio.

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