MARIELLA BALBI

El presidente Ollanta Humala debe convocar a una legislatura extraordinaria, según el jurista Víctor García Toma. Es su obligación en la medida que, con sus declaraciones, trajo abajo la cuestionada votación del Congreso, que Humala dirigió.

— ¿Qué pasa, qué pasará con esta elección de los miembros del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y BCR? Todo estalló por los aires… Queda claro que la juramentación de los designados no era viable. La ciudadanía está indignada y si esto no se arregla, pasará a la cólera. Los principales responsables de esto, Ollanta Humala, Keiko Fujimori, le han jalado la alfombra a sus bancadas, las han desautorizado. Le corresponde a Humala llamar a una legislatura extraordinaria, aunque hoy el Parlamento tiene reunión de Junta de Portavoces.

— El presidente Humala no parece estar en ese talante. Pero es su obligación. A raíz de sus declaraciones se desatan las reacciones de Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo. Tiene que ser consecuente. Y como se votó en paquete, la anulación es para todos. No para dos nomás. Ahí se ve la mala leche del presidente.

— Se requieren 78 firmas para convocar una legislatura extraordinaria y para ver este tema. Imagine que hoy se logre esto. ¿Cómo procedería el Congreso? No se tiene la renuncia de todos los elegidos. Ahora depende de la voluntad política del Congreso. Ya hay una resolución. Tienen que dejar sin efecto los nombramientos. Para los miembros del TC existe una norma que no siempre ha sido cumplida por el Congreso, pero eso no quita que esté vigente. No se ha derogado. Esta indica que los nombramientos para el TC deben hacerse de manera individual. Se ha infringido esa norma, por lo tanto el proceso está viciado. El acuerdo político, que nosotros llamamos repartija, era elegir en bloque. Hay una indignación ciudadana. Para que el Congreso enmiende su error, debe admitir que jurídicamente ha incumplido el proceso.

— ¿Se votaría nuevamente por los mismos? ¿Habrá los 87 votos? Esta norma no rige para el BCR ni la defensoría. Lo mejor sería que renuncien, pero los del BCR no tienen cuestionamientos. No habría razón para no renovarles la confianza. Eso ocurre también con algunos designados al TC. Se entiende que con ellos hay consenso, no habría razón para que se les retire. Para los otros deben proponer a personas que tengan un perfil compatible con la responsabilidad que van a ejercer. Sardón, por ejemplo, no ha sido cuestionado y ha sido presentado por el fujimorismo. Igual Blume y Eguiguren. Además, el Perú no se puede someter al chantaje de unos y otros. El que se hayan asignado cuotas, en principio no es cuestionable, en la medida que los candidatos reúnan requisitos técnico jurídicos y éticos.

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