Los empleados públicos han empezado a protestar hoy al igual que el último miércoles, cuando miles tomaron las calles de Lima y ciudades del interior del país, generando caos vehicular y enfrentamientos con la Policía Nacional. ¿El motivo? Ellos se oponen a la aprobación de la Ley del Servicio Civil, que ese día se debatió en el pleno Congreso de la República sin llegar a un acuerdo definitivo.
Hoy se ha retomado el análisis de la norma propuesta por el Ejecutivo. Dos congresistas, uno oficialista y otro de oposición, dan sus puntos de vista sobre la cuestionada iniciativa, que intenta ordenar el aparato estatal.
SÍ DEBE APROBARSE Teófilo Gamarra / Gana Perú
Este proyecto de ley sin necesidad de paros, huelgas ni reclamos de los trabajadores trata de establecer equidad y la justicia al uniformizar los tres regímenes laborales del sector público, que han estado totalmente dispersos. Actualmente, los trabajadores de la norma 226 y el CAS no reciben gratificación ni Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
Además, la evaluación de los trabajadores del Estado no se dará en función a pruebas abstractas sino estarán sujetas a su desempeño en el cargo. Serán capacitados con frecuencias y podrán ascender en función a sus méritos. Esto hará posible que los usuarios puedan recibir de parte de la administración pública una atención de calidad y rápida.
Con relación al tema de la sindicalización, los trabajadores no deben tener dudas de que este derecho es reconocido.
Por otro lado, se dice que habrá una ola de despidos, lo cual desmiento. La Ley del Servicio Civil no indica nada sobre despidos, como se dio en la década de 1990. De lo que se trata es capacitar a los empleados públicos.
NO DEBE APROBARSE Yonhy Lescano Acción Popular-Frente Amplio
El dictamen de la Ley del Servicio Civil de la Comisión de Presupuesto viola derechos contenidos en la Constitución y derechos laborales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para empezar, la Carta Magna reconoce el derecho a la sindicalización, pero este proyecto solamente reconoce la sindicalización dentro de las entidades públicas. Es decir, los trabajadores no van a poder organizarse por actividades u otras personas que laboran en otras instituciones.
La norma también restringe la negociación colectiva para solicitar mejoras económicas o remunerativas. Además, la ley introduce mecanismos para promover los despidos arbitrarios. Por ejemplo, establece que si se reestructuran las instituciones o se introduce tecnología pueden cesar a los trabajadores.
Finalmente, no reconoce a los trabajadores de los servicios complementarios dejándolos fuera de esta iniciativa. Ya estamos preparando un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Servicio Civil. Lo presentaremos junto a un colegio profesional.