El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, señaló ayer que las anotaciones del ex presidente Alan García en doce expedientes de sentenciados por tráfico de drogas agravado –a los que conmutó sus condenas por debajo de los años recomendados por la propia Comisión de Indulto y Derecho de Gracia (2008-2011)– no son suficientes indicios para que su despacho abra una investigación al aprista.

“Si hubiera un testigo que diga que habló con el ex presidente García o que él tenía conocimiento de una supuesta organización delictiva [en la que se negociaron las conmutaciones de penas a narcotraficantes previo pago a funcionarios], ahí seguiríamos un indicio que nos pueda llevar hacia él”, señaló el fiscal a El Comercio.

Peláez respondió así a un segundo informe –publicado ayer por este Diario– elaborado por el fiscal anticorrupción Walther Delgado, a cargo del caso de los narcoindultos, quien le expuso en forma detallada estos hechos para que valorara la posibilidad de abrir una investigación contra Alan García.

HAY QUE PROFUNDIZAR Para el congresista Sergio Tejada (Gana Perú), presidente de la comisión investigadora del segundo gobierno aprista, sí debe investigarse las razones por las que el ex presidente García hizo anotaciones en los expedientes de 12 reos por narcotráfico porque, en algunos de estos mismos casos, existen indicios de que hubo coimas a los integrantes de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia, presidida por el abogado aprista Miguel Facundo Chinguel.

La procuradora antidrogas Sonia Medina sostuvo ayer que la política de deshacinamiento de los penales implementada durante el segundo gobierno de Alan García se aplicó sin racionalidad y en perjuicio de un derecho colectivo como la seguridad ciudadana del país. “Si bien los indultos y conmutaciones son una facultad presidencial, no hubo un tratamiento ponderado para otorgar los beneficios penitenciarios”, agregó.

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