A pesar de que a inicios de junio, el ex presidente Alejandro Toledo sostuvo que se sometería a las investigaciones que realiza la fiscalía en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, este viernes se conoció que el chacano presentó una solicitud para que el caso sea archivado.

La Fiscalía de la Nación le abrió un proceso preliminar al líder de Perú Posible luego de que se hallaran indicios de su vinculación con las dudosas compras inmobiliarias que realizó su suegra, la ciudadana belga Eva Fernenbug, en el distrito limeño de Surco. La lujosa casa y oficina que adquirió están valorizadas en casi 5 millones de dólares.

Según informó el diario “Correo”, Toledo Manrique afirmó que la investigación por enriquecimiento ilícito, que está a cargo del despacho del fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales, “atenta contra sus derechos fundamentales” y “garantías constitucionales”.

El ex jefe de Estado señaló, en esa línea, que ni él ni su suegra ocupan un cargo público que sustente el proceso.

Toledo también indicó que no le asiste el antejuicio, porque ya pasaron los cinco años establecidos para que el despacho del fiscal de la Nación lo investigue.

El líder de Perú Posible sostuvo que es “un acto lesivo” para sus derechos que se le investigue a pesar de que existe otro proceso de esa naturaleza en la 48 Fiscalía Penal de Lima en contra de Fernenbug por presunto lavado de activos. Por ello, señaló que nadie puede ser procesado o sancionado dos veces por los mismos hechos.

Sin embargo, lo que no señaló el ex presidente es que en el caso de su suegra, él no está comprendido en calidad de procesado, sino como testigo.

FISCAL RECHAZÓ ARCHIVAMIENTO Peláez Bardales rechazó el pedido hecho por Toledo Manrique argumentando que la Constitución respalda la investigación contra el peruposibilista.

Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial, indica el artículo 41 de la Carta Magna.

Además, el fiscal de la Nación sostuvo que pese a ya pasaron los cincos años del antejuicio, existe la “naturaleza ultratemporal del delito de enriquecimiento ilícito”, porque existe la sospecha de que los fondos utilizados para la compra de los dos inmuebles de Fernenbug provienen del tiempo en que Toledo fue mandatario (2001-2006).