El actual titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló al MEF como el sector que había promovido la elaboración del decreto en mención. (Foto: PCM)
El actual titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló al MEF como el sector que había promovido la elaboración del decreto en mención. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Karem Barboza Quiroz

Un correo electrónico enviado entre funcionarios del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, así como diversos oficios entre trabajadores del confirman que el cuestionado Decreto de Urgencia (D.U.) 102-2021, aprovechado por una presunta mafia enquistada en el , se preparó y elaboró durante la gestión de como titular de ese sector.

Se trata de una comunicación electrónica enviada por el viceministro de Construcción y Saneamiento, Javier Ernesto Hernández Campanella, a los directores de oficina de su sector. El e-mail, con fecha del 18 de octubre del 2021, señala que el sector Vivienda buscaba gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el financiamiento de obras y consultorías que serían incluidas en el proyecto del D.U. que venían elaborando.

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“Como ustedes conocen, en las gestiones que nuestro ministerio viene desarrollando con el Ministerio de Economía para conseguir financiamiento, tanto para proyectos de saneamiento urbano y rural como de viabilidad e infraestructura urbana […], se requiere ejecutar la priorización de los proyectos a fin de que se considere solamente proyectos cuyos montos se encuentren por debajo de los S/10 MM [S/10 millones] a fin de lograr el financiamiento de una mayor cantidad de proyectos”, se lee en el correo.

Este Diario ya dio a conocer otros correos, de la exviceministra de Vivienda y Urbanismo Elizabeth Añaños, que también dan cuenta del presupuesto requerido para su sector.

Elemento documental

Sin embargo, eso no es todo. Este Diario accedió al expediente completo del proyecto que envió el ministro Alvarado a la Presidencia del Consejo de Ministros –a través de su entonces secretario general Durich Whittembury– que sustentaba su propuesta para la referida normal legal.

Los oficios, informes técnicos y legales están firmados únicamente por funcionarios del Ministerio de Vivienda y no por personal del MEF, lo cual desmentiría una vez más lo referido por Alvarado ante la fiscalía.

El actual titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló al MEF como el sector que había promovido la elaboración del decreto en mención.

Se trata de cerca de 400 páginas que contienen al detalle cómo se elaboró la lista de 133 proyectos de urbanización y saneamiento, adjuntos al proyecto del D.U. 102-2021, que benefició a las municipalidades de Anguía y Chadín (Chota, Cajamarca), Chachapoyas y otras.

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El financiamiento no era solo para proyectos nuevos, sino también para otros que ya habían sido aprobados, pero que necesitaban el desembolso del Gobierno Central para su ejecución o continuidad. Uno de estos fue el proyecto para mejorar y ampliar el sistema de agua potable e instalar saneamiento básico en las localidades de Yamse Ushum, Tayapotrero y Vista Alegre, en Anguía, por más de S/3′098.263,13, que se adjudicó en solo cinco días a la empresa Destcom Ingenieros y Arquitectos de Hugo Espino.

Según la fiscalía, a través de ese decreto se destinó presupuesto para obras y servicios a favor de la Municipalidad Distrital de Anguía, a cargo del investigado alcalde José Nenil Medina Guerrero, quien cumple prisión preventiva, por la suma total de S/15,2 millones.

Descargos

Percy Ipanaqué, abogado del ministro Alvarado, aseguró que en la gestión de su patrocinado en Vivienda “jamás se calificó estos proyectos” porque estaban aprobados desde enero del 2021 y, como en el caso de Anguía, se encontraban “en orden de espera para ser financiados”.

“Es decir que todos sus actos han estado de acuerdo a ley, que él jamás ha cometido algún accionar ilícito que pudiera servir para conformar una presunta organización criminal o para favorecer a la dación de presupuesto de estos proyectos de inversión pública”, dijo a este Diario.

El viceministro Hernández señaló a El Comercio que fue la alta dirección del Ministerio de Vivienda la que decidió priorizar los proyectos. “Al contar con un techo presupuestal establecido por el MEF, la alta dirección decidió priorizar los proyectos sobre la base de la información de la cartera de proyectos con conformidad técnica, lo que se hizo bajo criterios técnicos y objetivos”, señaló.

Aseguró que el MEF informó que otorgaría un techo presupuestal de S/518 millones y no los S/1.700 millones requeridos. “Comúnmente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento desarrolla gestiones para el financiamiento de proyectos de saneamiento y mejoramiento de barrios de los gobiernos locales”, anotó.

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