El primer ministro, Juan Jiménez Mayor, negó esta tarde que la Ley de Delitos Informáticos afecte la libertad de expresión, porque la cuestionada norma no contempla sanciones para aquellos que difundan información que ha sido interceptada de manera ilegal.
“Esta no es una ley que vulnera la libertad de expresión en absoluto (…) Lo que se penaliza es la interceptación, que es una actividad ilegal que no solo le hace mucho daño al Estado, sino a todas las personas que han sido víctimas por este delito, muchas empresas son afectadas por el espionaje industrial”, manifestó en conferencia de prensa.
Jiménez Mayor recordó que el año pasado el Gobierno observó la llamada ley mordaza, que castigaba con cárcel la difusión de la información obtenida de una interceptación telefónica o escucha ilegal. “La ley del ‘ciberdelito’ no se mete para nada con la difusión y solamente entramos en el terreno ilegal de aquellas organizaciones criminales que afectan el derecho a la intimidad”, agregó.
El jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que el objetivo de la norma es proteger la información de las personas y evitar que sean víctimas de los hackers.
“Se quiere proteger a las personas, a fin de que no venga un hacker que intervenga y viole las comunicaciones, que no se apropien o modifiquen bases de datos. Lo que queremos es que las personas tengan derechos, un contenido real y no solo en el papel”, dijo.
También afirmó que ya había llegado el momento que se castigue severamente la violación a las comunicaciones privadas y la pornografía infantil, aspectos considerados en la ley.