Graves conflictos de intereses pesan sobre postulantes al Tribunal Constitucional

Unidad de Investigación

ROLANDO SOUSA NIEGA CONOCER A CLAN SÁNCHEZ PAREDES El 13 de junio pasado el estudio de abogados Sousa Nakazaki, de Rolando Sousa, se presentó ante la Segunda Fiscalía Supraprovincial para asumir la defensa del parlamentario fujimorista Alejandro Aguinaga en la investigación por la esterilización forzada de dos mil mujeres en el gobierno de Fujimori. Semanas después, Aguinaga –con el apoyo de su grupo partidario– presentó el nombre de Sousa como candidato al Tribunal Constitucional (TC).

Entre el 2009 y el 2010, el estudio de Sousa denunció ante el TC al alto mando de la PNP, la Dirandro y la Fiscalía de Crimen Organizado para bloquear las investigaciones contra el grupo Sánchez Paredes por lavado y desvío de insumos químicos. También utilizó esta vía judicial para favorecer al ex alcalde de Pucallpa Luis Valdez, procesado por blanqueo de activos.

Estos hábeas corpus no prosperaron, pero en la Segunda Fiscalía Supraprovincial –que ve las esterilizaciones forzadas– no descartan que Sousa Nakazaki pueda presentar este tipo de recursos ante el TC, como hicieron en los casos citados o cuando buscaron anular la condena de Alberto Fujimori por el Caso Barrios Altos y La Cantuta.

En el 2010, IDL-Reporteros denunció que Sousa utilizó al entonces ministro del Interior Octavio Salazar para reunirse con el otrora director general PNP Miguel Hidalgo y tratar el Caso Sánchez Paredes. Ese mismo año, Sousa Nakazaki empezó a defender a militares procesados por lesa humanidad, tras ser contratado por el Ministerio de Defensa aprista.

Este estudio también fue involucrado en la creación del Decreto Legislativo 1097, conocido como la ley de impunidad, para favorecer a militares condenados por lesa humanidad. Años antes este estudio fue ‘chuponeado’ por Business Track, que buscaba descubrir presuntos actos irregulares en la relación de los abogados y sus clientes procesados por lavado.

El estudio de Sousa además defendió a los integrantes de la mafia montesinista: los generales Nicolás Hermoza, Julio Salazar, César Saucedo y Fernando Dianderas, los ex empresarios de televisión Samuel y Mendel Winter, el prófugo Ernesto Schütz y el ex legislador Alberto Kouri. Todos condenados por corrupción o violación de derechos humanos, algunos de ellos presos y con la posibilidad de interponer algún hábeas corpus.

El ex legislador fujimorista dirige el estudio junto a César Nakazaki y tiene intereses en el rubro inmobiliario, ya que en el 2012 asumió la gerencia de la constructora Alomar, que posee un capital de S/.1’300.000.

“En el estudio hay varios abogados, Nakazaki ve el derecho criminal. Yo veo el derecho económico. No soy abogado de Fujimori, no conozco a los Sánchez Paredes, ni los saludo ni sé nada de ellos ni de sus procesos. Eso lo ven otros abogados”, dijo Sousa a El Comercio. Pero ustedes reciben su dinero, preguntamos: “Claro, cobramos, sería extraño si no lo hiciéramos”.

ERNESTO BLUME: EL DEFENSOR DEL ALCALDE BURGOS El experto en derecho constitucional Ernesto Blume Fortini ha patrocinado a varias municipalidades desde su Estudio Blume Abogados, pero solo con un alcalde ha tenido mayores deferencias. Se trata de Carlos Burgos Horna, autoridad de San Juan de Lurigancho y sobre el que pesan unos cincuenta cargos por enriquecimiento ilícito, estafa y otros. Esto no ha desanimado a Blume para ser su abogado desde hace siete años.

Según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en el 2006 Ernesto Blume fue contratado a título personal como asesor legal del municipio de San Juan de Lurigancho y desde entonces no ha perdido ninguna de las adjudicaciones anuales. Como se ve en el portal del OSCE, este es el único municipio al que Blume le brinda consultoría personalizada y permanente, cada año, por un costo que a la fecha bordea el medio millón de soles. A fin de este mes vence su último contrato, pero el 5 de julio el concejo ya convocó el concurso público para buscar a un nuevo consultor y las bases incluyen los mismos requisitos del servicio que este les brinda.

Blume es el abogado favorito de Burgos. Pese a ser constitucionalista, es su defensor en el proceso penal por estafa que se inició el 2008 y que derivó en un proceso por lavado de activos contra el alcalde. Así consta en el expediente 35453-2008 de la Quinta Sala para Reos Libres, donde se opuso a la recusación de jueces sobre los que había indicios para favorecer a Burgos.

PEDIDOS DE VACANCIA No es el único caso. Este Diario obtuvo dos cartas, del 14 de mayo y 11 de junio, donde Burgos presenta a Blume como su defensor ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Se trata de pedidos de vacancia y suspensión que pesan contra el alcalde por contratos irregulares y constantes viajes al extranjero sin permiso del concejo.

“Burgos a mí me parece de lo peor, pero que un abogado haya tenido un cliente así no lo inhabilita. El doctor Blume, a través de su estudio, debe haber defendido a la mitad de municipios del país, pero si es que en el Tribunal Constitucional (TC) tuviera que resolver el caso de un ex cliente es obvio que tendrá que inhibirse”, dijo Luis Galarreta, congresista de la Alianza por el Gran Cambio (APGC) y miembro de la comisión que seleccionó a los candidatos.

Blume es fundador de Somos Perú, fue asesor legal de Alberto Andrade y defendió al congresista de Perú Posible Rennán Espinoza cuando este era alcalde. Tratamos de hablar con él, pero no fue posible.

No solo los amparos que presente Burgos en el marco de sus juicios pueden llegar al TC, al que ahora postula Blume. También las demandas iniciadas por las 15 municipalidades que su estudio asesora, además de los juicios de los ministerios, inmobiliarias y mineras que aparecen en su lista de clientes.

Ex congresistas cuestionados y académicos completan la lista El actual embajador del Perú en Cuba, Víctor Mayorga Miranda, de 71 años, es uno de los propuestos por la bancada oficialista. Es juez de carrera y militante del ala radical del Partido Nacionalista. El 2003, el Consejo Nacional de la Magistratura no lo ratificó en el cargo, pero Mayorga inició un juicio que ganó cuatro años después. Entonces ya era congresista de Unión por el Perú y decidió reservar su plaza en la judicatura.

El 2009, su asistente parlamentario Isidro Villa denunció abusos laborales de Mayorga, quien –según su testimonio– lo obligaba a planchar sus camisas y a darle parte de su sueldo a cambio de mantener su empleo. El 2011, Mayorga permitió el acceso al Congreso del grupo pro terrorista Patria Libre, brazo político del MRTA.

La fiscalía lo investigó por delitos contra la administración pública, contra el patrimonio y apropiación ilícita, pero los procesos se archivaron el 2003 y 2004. En la Primera Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq (Cusco), hay una investigación preliminar abierta el 2012 a Mayorga por falsificación de documentos. Este Diario indagó con fiscalía si el caso es contra el ex legislador o su hijo homónimo y confirmaron que se trata del candidato al TC.

La otra carta del oficialismo es Cayo Galindo Sandoval, congresista nacionalista por Apurímac del 2006 al 2010 y ex vocero de la bancada. No se desligó del Congreso, pues trabaja como asesor del titular del Legislativo, Víctor Isla, pero aparece en la planilla del Módulo de Apoyo al Trabajo de Organización Parlamentaria con un sueldo de S/.13.637. Es abogado con una maestría en Gestión Pública, pero no tiene experiencia en el ámbito constitucional.

El 2009, fue suspendido por 120 días del Congreso por hacer una protesta en sus instalaciones. Por este motivo, Galindo presentó una acción de amparo que aún está por verse en el TC.

Su principal cuestionamiento viene de cuando fue nombrado jefe del gabinete de asesores del entonces ministro de la Producción, José Urquizo. La Asociación Nacional de Armadores Pesqueros denunció que Galindo, aprovechándose de su cargo, habría influido en la entrega ilegal de permisos de pesca por 1.440 toneladas.

Los académicos Francisco Eguiguren Praeli , candidato propuesto por Gana Perú, es constitucionalista y fue ministro de Justicia del primer Gabinete de Ollanta Humala. Fue jefe del Departamento Académico de Derecho de la Universidad Católica entre el 2000 y el 2011. Es embajador del Perú en España. Fue criticado por decir que la restricción que impide la postulación de Nadine Heredia es inconstitucional.

José Luis Sardón, candidato de la bancada fujimorista, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y ha opinado a favor de otorgar el indulto a Alberto Fujimori. Es miembro del consejo directivo de Reflexión Democrática (ONG del empresario minero Roque Benavides) y consultor de organismos públicos y privados.

LOS PASOS DE LA ELECCIÓN EN BLOQUE El miércoles 17, el Congreso votará si aprueba o no la lista de candidatos para el TC, defensor del Pueblo y el BCR. Según el parlamentario Jaime Delgado, ex presidente de la comisión que evaluó a los postulantes, se acordó votar en bloque, pero por cada institución. Lo que no han definido es con cuál grupo empezar.

POR MAYORÍA Se requieren más de 87 votos a favor para llegar a un consenso. De acuerdo con voceros de las bancadas, se ha hecho una simulación de apoyo partidario y sí llegan al tope requerido, a menos que alguno cambie de opinión.

NO HAY TACHAS Hasta ahora, ningún ciudadano ha presentado tachas contra alguno de los candidatos ante la comisión evaluadora. La lista de nominados fue propuesta por consenso por los representantes de cinco de las siete bancadas del Congreso.