El presidente Ollanta Humala no puede concederle al condenado ex mandatario Alberto Fujimori el beneficio del arresto domiciliario como una alternativa al indulto, porque no hay elementos legales que se lo permitan, afirmó el abogado penalista Luis Lamas Puccio.

Según el connotado jurista, una decisión en esa vía podría ser recusada ante la Justicia peruana o ante organismos internacionales. El presidente tiene la facultad constitucional de otorgar indultos, de acuerdo con requisitos legales, pero no puede hacer lo que le dé la gana, explicó.

No obstante, el abogado de Fujimori, César Nakazaki, sí estima que Humala podría optar por esa vía intermedia, basado en el principio jurídico de que el que puede lo más puede lo menos.

Los comentarios surgieron después de que el analista político Carlos Tapia, ex asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, dijera a la prensa que el presidente evalúa la opción. Mandar a su casa a Fujimori sería la salida, dijo.

Ningún portavoz oficial ha hecho hasta ahora comentarios sobre la especulación. Según Tapia, con esta medida el mandatario trataría de quedar bien tanto con los que se oponen al indulto como con quienes lo defienden.

“SE ESPERA UNA RESPUESTA DE SÍ O NO” El vocero parlamentario del fujimorismo, Alejandro Aguinaga, aseguró por su parte que el arresto domiciliario no es posible legalmente y que su partido, Fuerza Popular, espera la respuesta de sí o no.

La familia de Fujimori pide el indulto por razones humanitarias ante los problemas de salud del ex mandatario, de 74 años, quien sufre de lesiones en la boca que pueden convertirse en cáncer, de hipertensión arterial y de depresión aguda.

Según han anticipado fuentes gubernamentales, los informes médicos serán decisivos para determinar si el ex presidente necesita la libertad para ser atendido de sus males, o si, como sostienen otros varios galenos, puede estar controlado desde la prisión.

Fujimori cumple desde 2007 una condena de 25 años de cárcel como autor mediato de 25 asesinatos y dos secuestros agravados cometidos durante su gobierno (1990-2000). Técnicamente, su encarcelamiento debería extenderse hasta 2032.