IPYS advierte que nueva ley pone en riesgo libertad de información

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó ayer la Ley de Delitos Informáticos promulgada por el Gobierno.

La entidad considera que la nueva norma constituye un “grave riesgo para la libertad de información periodística y, en general, para las actividades de investigación”.

A través de un comunicado de prensa, el IPYS indica que la ley en mención penaliza de manera indiscriminada la utilización de datos o base de datos en plataforma electrónica.

“El IPYS lamenta que esta penalización indiscriminada no haya merecido una revisión competente primero por parte del Congreso de la República y después por el Poder Ejecutivo, antes de promulgarse la norma”, señala su comunicado.

“El resultado –advierte– será la persecución de múltiples actividades de utilización de datos y bases de datos informáticos que son completamente lícitas, como por ejemplo, las que utilizan plataformas electrónicas del Estado”.

“La ley –continúa el texto– trasunta un injustificado temor hacia las nuevas tecnologías de la información y debilita la política de gobierno abierto declarada por el Poder Ejecutivo, que promueve precisamente lo contrario; esto es, la utilización masiva de bases de datos del Estado”.

SOBRE LA SEGURIDAD NACIONAL El documento del IPYS menciona otro peligro que encierra la ley: el asumir una equivocada comprensión sobre la información relacionada con la seguridad nacional.

“Y es que sanciona las conductas que afectan informaciones clasificadas como secretas por razones de seguridad nacional, pero generaliza e incluye documentos que lleven el sello de ‘información clasificada’, los cuales, como se sabe, muchas veces no son secretos ni afectan la seguridad nacional”, explica el comunicado .

El documento enviado por IPYS concluye con una pública exigencia para que, con carácter de urgencia, se rectifique la Ley de Delitos Informáticos, recién promulgada.

“Sobre todo considerando que no hubo el mínimo esfuerzo de debate amplio, sereno y especializado por parte del Congreso antes de aprobarla”, explica el comunicado.

PUEDE SER MEJORADA Consultado por El Comercio, el jurista y ex senador Enrique Bernales Ballesteros afirmó que toda norma promulgada es susceptible de mejora y de perfeccionamiento.

En ese sentido, Bernales planteó a los gremios periodísticos convocar foros de discusión con el fin de examinar los alcances exactos de la norma promulgada.

El jurista admitió que la Constitución Política encierra “algunos vacíos” con respecto al avance de la tecnología de la información.

LA VERSIÓN DEL GOBIERNO NADA QUE TEMER El primer ministro Juan Jiménez Mayor negó que la Ley de Delitos Informáticos afectara la libertad de expresión porque la norma ha sido dada para penalizar la interceptación telefónica, pero no sanciona a quienes la difundan.

SIN PERSECUCIONES El ministro de Justicia, Daniel Figallo, aseveró a El Comercio que ninguna autoridad judicial puede perseguir un delito que no está tipificado. Y con respecto a la Ley de Delitos Informáticos, insistió en que no está sancionada la difusión de interceptaciones telefónicas ilegales. “Si un juez abre proceso penal a un medio de comunicación por cumplir su misión de informar, incurrirá en prevaricato”, alertó.