Ley de delitos informáticos: advierten riesgos y ambigüedades en la norma

MARIO MEJÍA HUARACA

El proyecto de ley de delitos informáticos aguarda su promulgación desde hace varias semanas en el despacho del presidente Ollanta Humala. Expertos en el tema esperan que el mandatario no lo firme y que más bien lo observe, pues cuestionan sus ambigüedades y dicen que podría afectar la libertad de expresión.

Kela León, directora ejecutiva del Consejo de la Prensa Peruana, mostró su preocupación por esta iniciativa aprobada en el Congreso el 12 de setiembre. Dijo que hay artículos que podrían vulnerar la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Indicó que se aumentan las penas para la interceptación de información pública de carácter reservado, pero sin precisar nada sobre la difusión de la misma, lo cual puede prestarse a cualquier interpretación.

“Debería decirse que la difusión de esa información está penada a excepción de que sea de interés público. Ese vacío puede dar pie a que se afecte la libertad de prensa”, aseguró.

León también dijo que los delitos informáticos vinculados con la seguridad nacional suponen con esta norma penas elevadas, pero no hay una definición de lo que se puede considerar información secreta o de seguridad nacional, por lo que podría sancionarse arbitrariamente la difusión de una información secreta.

DERECHOS FUNDAMENTALES EN RIESGO Miguel Morachimo, presidente de la ONG Hiperderecho, dedicada a defender las libertades por Internet, envió una carta a Humala para pedir que devuelva el dictamen al Congreso para su debate y modificación.

Morachimo advirtió que la forma en que ha sido redactado el proyecto pone en riesgo derechos fundamentales. Dijo que se pretende ampliar el delito de discriminación a través de Internet como una sanción igual a los actos de violencia ejercidos por discriminación.

“Ello implica una amenaza a la libertad de expresión en línea, donde cualquier comentario que alguien pueda encontrar discriminatorio puede colocar al autor frente a una investigación penal”, indicó.

Erick Iriarte, abogado especialista en temas de Internet, ha señalado que la ley tiene muchas ambigüedades en su redacción que la hacen peligrosa. Por ejemplo se castiga hasta con seis años de prisión a los que borren, deterioren, alteren o supriman datos informáticos que no sean suyos, pero no hay una valorización de en qué circunstancia debe aplicarse.

NECESIDAD DE MAYOR DISCUSIÓN José Luis Medina, asesor del Ministerio de Justicia, comentó que la norma está bien hecha y que no afecta la libertad de expresión. “En ninguna parte se dice que los medios serán castigados por difundir comunicaciones privadas”, subrayó.

Sobre las penas fuertes por discriminación en Internet, Medina dijo que se hizo por el efecto masivo que tiene un comentario discriminador emitido por Internet. “Será visto por miles de personas y el daño es mayor”.

Medina coincidió en que el dictamen fue aprobado sin mucho debate en el Congreso y que debe ser discutido ampliamente para que se entienda mejor.