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Los cuestionamientos al abogado Luis Barranzuela Vite, no solo son por su abierta posición contra la erradicación de la hoja de coca, sus sanciones cuando fue policía o por sus vínculos con Vladimir Cerrón y la organización política Perú Libre. El flamante ministro del Interior también debe responder ante el Ministerio Público que lo investiga por el presunto delito de peculado doloso vinculado a su relación con la azucarera agroindustrial Tumán.
Justo la tarde del lunes, El Comercio reveló que el abogado Ronald Atencio, quien representa al congresista de Perú Libre (PL) Guillermo Bermejo en su juicio por presunto terrorismo, es quien asumirá la defensa del ministro Barranzuela en dicho caso.
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Según una denuncia, Barranzuela Vite habría realizado cobros por informes legales que no habrían tenido sustento técnico para su elaboración.
Dichos documentos habrían sido elaborados para una facción de la administración de la empresa chiclayana liderada por Marcelino Llontop Suyón, quien vía una medida cautelar, habría ejercido de manera irregular la administración de la azucarera, entre setiembre del 2015 a setiembre del 2016.
Por ello, la fiscal provincial Karim Ninaquispe, de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, -el pasado 13 de setiembre- abrió una investigación por diversos delitos contra una veintena de personas vinculadas a dicha facción -entre ellas Barranzuela- por presuntamente haber constituido una organización criminal dentro de la empresa Tumán, conocida como “Los Incas del azúcar”.
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“Los Incas del azúcar”
La fiscal decidió iniciar las diligencias preliminares a razón de la denuncia de parte presentada por Jacinto Flores Romero, Vicente Castillo y Miguel Delgado, trabajadores vinculados a la azucarera.
Según el documento fiscal, los denunciados -entre ellos el actual ministro Luis Barranzuela- habrían ocultado dinero a través de repetitivos hurtos agravados con la participación de diversas personas naturales y jurídicas.
Para ello, según la hipótesis, se habría constituido una organización criminal que inicialmente tuvo por objeto ocupar -con actos de apariencia lícita- las instalaciones y ambientes de la empresa Agroindustrial Tumán, a través de hechos que constituirían usurpación agravada.
Posteriormente, se habrían encaminado a obtener la posición legal de la empresa azucarera mediante el nombramiento de administradores judiciales.
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Fue entonces, según la denuncia, que habrían empezado con la sustracción del dinero de la empresa. Y para ello, habrían colocado a presuntos integrantes de la red criminal en puestos claves vinculados al manejo económico de la empresa, lo que les permitía manejar grandes cantidades de dinero que eran entregados a otros integrantes de la red o a través de personas jurídicas que fungían de proveedores.
“Luego de tomar posesión fáctica de la empresa Agroindustrial Tumán, se comenzó a sustraer dinero de la empresa, el cual fue repartido entre los integrantes de la organización, los cuales han ocultado o vienen detentando la tenencia; incluso cabe la posibilidad que hayan transferido o convertido el dinero en bienes”, se indica en el documento.
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El papel de Barranzuela
Pero, ¿cuál es el papel del ahora ministro del Interior en este caso? Según el relato de los hechos que viene investigando la fiscal Ninaquispe, el abogado Luis Barranzuela Vite figura dentro de un informe pericial contable en el que se relatan pagos realizados por la administración de Llontop Suyón, “sin contar con el sustento de su realización”.
Tampoco existirían, según el informe pericial, las órdenes de servicios emitidas para sustentar el pago de dichos informes para doce abogados, entre ellos “Luis Roberto Barranzuela Vite por el importe de S/207,800″.
“Que se aprecia una lista de pagos totales realizados a diversas personas relacionadas a asuntos legales”, se indica.
En esa línea, se sostiene que estos pagos se habrían dado falsificando facturas o pagando supuestas deudas antiguas de la empresa.
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Existe sospecha
Con todos los presuntos actos irregulares expuestos, la fiscal Ninaquispe consideró que “se evidencia -en grado de sospecha simple- una presunta organización criminal destinada a la apropiación de los recursos de la empresa Agroindustrial Tumán S.A.A., mediante pagos por bienes y/o servicios a personas naturales y/o jurídicas”.
Consideró que también se advierte sospecha simple del presunto delito de lavado de activos que será investigado por su despacho.
Debido a la complejidad del caso, la fiscal dispuso que la investigación se desarrolle por ocho meses.
Entre las diligencias dispuestas por la representante del Ministerio Público fue citar al auditor que realizó las pericias respecto a los pagos por bienes y servicios, solicitar a los investigados los documentos de los servicios que prestaron a la administración cuestionada, el reporte migratorio de los investigados, entre otras.
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La posición del ministro: “Es una condecoración”
Este Diario trató de recoger la versión del ministro Luis Barranzuela, pero no respondió. La noche del domingo, en declaraciones a Canal N, sostuvo que se sometería a la investigación para que se aclare el caso. Reconoció que sí recibió los pagos y que espera la investigación para que se verifique la condición en que realizó los cobros.
“Para mí eso es una condecoración y me alegra que salga a la luz pues me permite poner en evidencia que como abogado y profesional del derecho fui contratado por los campesinos, accionistas trabajadores de la Agroindustrial Tumán”, dijo.
Afirmó que se le pidió hacer una denuncia contra Edwin Oviedo, quien también fue administrador de la empresa Tumán. Sin embargo, adujo que consideró que era necesario realizar una auditoría y con eso se le abrió proceso al también exdirigente de fútbol.
“Lo que sustenta mi trabajo, están los recibos por honorarios. Yo me voy a someter a la investigación del Ministerio Público. Que bien que se aclaren y yo en esa línea decido coadyuvar a esclarecer la verdad”, expresó.
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