Megacomisión recomendaría acusar penalmente Alan García por Caso BTR

La megacomisión recomendaría acusar al ex presidente Alan García por presuntamente ser el coautor del delito de asociación ilícita para delinquir en el Caso Business Track.

Según el informe final, obtenido por “América Noticias”, García Pérez y sus ex ministros Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca obstaculizaron desde Palacio de Gobierno la acción de la justicia “para evitar el esclarecimiento de las actividades ilegales de la empresa BTR”.

El grupo investigador también señaló que Del Castillo y Garrido Lecca “habrían interferido y dirigido la investigación policial y fiscal”. Además, de ordenar que se cometan acciones ilegales en el recojo de las pruebas para que estas sean tachadas posteriormente en el proceso.

La megacomisión también recomendó denunciar al ex jefe de la Dirandro Miguel Hidalgo por el presunto delito de omisión de actos funcionales por negarse a informar a sus superiores.

Además, el documento señala que Hidalgo debe ser acusado por el presunto delito de encubrimiento personal, porque cuando fue titular del Ministerio del Interior ordenó que se archive el expediente disciplinario a agentes de la Dirandro por la pérdida y manipulación de los bienes incautados en el Caso BTR.

Para el fiscal Walter Milla, la megacomisión pide que sea denunciado por encubrimiento personal y omisión del ejercicio de la acción legal.

Finalmente, el informe indica que Del Castillo ayudó a dos testigos claves a salir del país en medio de las investigaciones judiciales.

“HAY UNA MANIPULACIÓN POLÍTICA” Por su parte, el secretario general del APRA indicó que la filtración del documento constituye “una cortina de humo” para desviar la atención de los medios y la opinión pública del Caso López Meneses.

“Han filtrado el documento igual que la vez pasada. Oportunamente y justo cuando hoy se debate la conformación de una comisión investigadora en el Congreso por el resguardo irregular a López Meneses”, dijo Del Castillo con comunicación con Canal N.

“Hay una manipulación política del tema (…) Ahora los operadores de la justicia tienen que ir a la cárcel, los que estaba en el Gobierno en ese momento (cuando se descubrió la interceptación) debe ser inhabilitados. Deben descubrir quién manipuló esas pruebas, pero no acusar a las autoridades”, acotó.