Ministro de Justicia: “Proyecto no fue propuesto pensando en Antauro Humala”

El ministro de Justicia, Daniel Figallo, sostuvo hoy que el proyecto de ley 2645 tenga el nombre del encarcelado etnocacerista Antauro Humala e indicó que esta iniciativa beneficia a 48 mil reos, que estaba siguiendo estudios y actividades laborales en las cárceles para acceder a beneficios penitenciarios. Explicó que la Ley 30054, aprobada en agosto, eliminó los beneficios y se endurecieron las penas.

El proyecto 2645 propone que el recorte que las referidas leyes hacen a los beneficios penitenciarios no se apliquen de manera retroactiva. La Ley 30054 elimina beneficios a quienes asesinen policías y a quienes se aprovechen de su conocimiento militar para ello. Es el caso de Antauro Humala, cabecilla del ‘andahuaylazo’.

“Esta norma (Ley 30054) se aplicaba a acerca de 48 mil internos, que ya estaban anotados para recibir el beneficio penitenciario, que entraron (a los programas de resocialización) con otras reglas. Antes eran 10 mil los que no recibían beneficios, con esta norma, serán 48 mil, entonces no veo alusión a que este proyecto (el 2645) tenga un nombre propio”, manifestó.

En diálogo con Canal N, señaló así como cuando se dio la Ley 30054 no se dictó pensando en Antauro Humala, el proyecto 2645 tampoco va en esa línea.

Figallo indicó que el régimen de Humala Tasso, sentenciado a 19 años de cárcel por la toma de la Comisaría de Andahuaylas, “es una fórmula muy alta para lograr un beneficio, porque es de cinco a uno y eso no se ha modificado”. “Muchos de los internos ya están estudiando, ya están trabajando, muchos de ellos estaban próximos a recibir su beneficio, pero ahora se les prohíbe”, añadió.

Para concluir, dijo que la fórmula racional es que el endurecimiento de las penas y la limitación de acceso a beneficios sea para aquellas personas que van a cometer un delito y no para quienes ya están en prisión.

EL DATO Las cuatro leyes que recortan beneficios penitenciarios se aprobaron como intentos para frenar la ola de inseguridad ciudadana.