La dirigente aprista Nidia Vílchez afirmó hoy que la ministra de Justicia, Eda Rivas, direcciona a la Procuraduría Anticorrupción para presionar en la investigación que le sigue la fiscalía al ex presidente Alan García por la compra de una casa en el distrito de Miraflores por 830 mil de dólares.

Vílchez también sostuvo que mientras con el líder aprista existe celeridad y ahínco en el accionar del procurador Julio Arbizu, cuando se trata del caso del ex presidente Alejandro Toledo, no existe el mismo ánimo. Incluso dejó entrever que existe un blindaje al chacano, que también es cuestionado por una compra que realizó su suegra de un inmueble en Surco.

Criticó que Arbizu haya tratado de implantar un elemento de sospecha al contrato de alquiler que tiene García Pérez con una empresa, que administra la casa embargada del ex ministro fujimorista José Baca Campodónico.

“Me parece sospechoso que Arbizu hable de un tema cuando se trate de García y no cuando se trata de Toledo. Aquí hay una situación concreta: en julio del año pasado la fiscalía archivó una denuncia sobre gastos excesivos en el gobierno toledista, pero el procurador no apeló”, manifestó.

“Arbizu no actúa solo, él ex parte del Consejo de Defensa Judicial, que está al mando de la ministra de Justicia. Los procuradores actúan bajo el mandato de la ministra (…) Aquí hay sesgos, porque cuando se trata de García que todo el peso de la ley le caiga, en otros casos no es así”, agregó en diálogo con Canal N.

Por su parte, la legisladora de Perú Posible Carmen Omonte dijo que no existe ningún blindaje de parte del Gobierno hacia Toledo.

“El ex presidente Toledo está acostumbrado a ser cuestionado. Cuando dejo de ser presidente estuvo sometido a severas investigaciones y nunca se protegió bajo el halo de la prescripción, nunca fue reo contumaz como sí lo fue García”, manifestó.

MÁS INFORMES El fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, reiteró esta mañana que su despacho pedirá mayor información sobre los ingresos del ex presidente García al Poder Ejecutivo, a la Sunat, a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS), entre otras entidades, a fin de comprobar si existe o no algún tipo de desbalance patrimonial.

Peláez Bardales señaló que la investigación contra García por la compra de una casa en Miraflores concluiría en 30 días. Aunque no descartó que el plazo pudiera ampliarse.

“Los delitos contra la administración pública viene tramitándose en el nuevo Código Procesal Penal. Hemos iniciado investigación y hemos dispuesto un término de 30 días. Debido a algún retraso en recabar los documentos podría prolongarse a 15 días más y ya tendríamos que solicitar una ampliación”, apuntó en Radio San Borja.

“Esperamos que en 30 días podamos tener la mayor parte de los documentos y en el peor de los casos pediríamos un plazo adicional para efectos de compensar todos los documentos y tener una idea más clara de por qué estamos investigando”, acotó.