MARIELLA BALBI

— La fiscalía está investigando el Caso López Meneses (LM)… Desde el primer día la doctora Nora Córdova, de la Primera Fiscalía Anticorrupción, está investigando el delito de peculado de uso y otros que pudieran presentarse, como el de cohecho y corrupción de funcionarios, debido a que se le prestó resguardo policial a alguien a que no es funcionario público. No tiene derecho, pero hay órdenes policiales, verbales y escritas. Hay que determinar cuál es el origen de los privilegios de este señor, el porqué, quién ordenó esto.

— ¿Y lo que había en la casa? Lamentablemente la orden judicial llegó tarde y la fiscalía entró a medianoche. Solo se encontró un Betamax viejo y dos celulares. Se está revisando su contenido.

— Se critica a la fiscalía, pues solo entró a dos casas cuando hay más… La orden judicial demoró e ingresamos a la casa de López Meneses y a la de su padre. No sabíamos qué vínculos tenían las otras viviendas con este. No lo pidió el juez.

— ¿López Meneses vive ahí con un Betamax viejo? ¿Está abandonada? La persona a cargo dijo que vivía ahí. Parece que iba esporádicamente ahí. Su padre sí vive permanentemente.

— ¿Se trata solo de corrupción policial o puede ir más allá? Por sus vínculos y el poder que tenía, puede haber contado con el apoyo del Estado. Gente que quería estar cerca de él. Esto puede ir más allá de solo la corrupción policial.

— López dice que conocía bien al presidente y este dice que no. ¿Citarán al mandatario? La fiscal tiene ya una lista de 50 testigos a los que ha notificado. De lo que conozco, están el taxista, el general Raúl Salazar y algunos oficiales. También el almirante José Cueto.

— ¿Ameritaría saber si el presidente conoce o no a López? La fiscal puede llamar a ambos a una confrontación.

— ¿La fiscal debería tener esa inquietud de confrontar versiones? La tiene. No se descarta citar al presidente Humala y a otras personas que sean mencionadas en la investigación o por los testigos.

— López Meneses se niega a ir al Congreso sin condiciones mínimas. Está obligado a concurrir al Congreso. Él es un investigado, llámese como se llame la comisión. Puede ser citado de grado o fuerza.

— La pérdida de los cuadernos de visita de los penales de Lima entre el 2003 y 2007, por lo menos, es sospechosa. Si no hay normas que indiquen que se archiven los registros, estos deben conservarse en el lugar. Si aparecen relaciones, los cuadernos de visitas deben existir. Salvo que –como ocurre en el Estado– luego de cinco años los papeles pueden ir a un archivo y después pueden pasar al Archivo de la Nación. Para eso debe haber una resolución de la jefatura del INPE. Es imposible que desaparezcan, deben estar en algún lugar.

José Luis Pérez Guadalupe dijo que no están en ningún lado ni los de San Jorge ni los de Lurigancho, Sarita Colonia, etc. Debe aparecer ese tipo de documento, eso es irregular. Nosotros ya estamos investigando estos hechos.

— ¿Qué impresión le da este caso? Que este señor debe estar dedicado a actividades de mucho dinero. Y el dinero da poder en este país. La gente quiere estar cerca de quien tiene poder. López Meneses tuvo lazos de amistad con gente que también tuvo poder y ahora lo ha recuperado y en torno suyo se ha formado una costra de elementos policiales y de altos funcionarios que le brindan protección. Hay que llegar al fondo.

— ¿Es atípico que el presidente de la Comisión López Meneses se reúna con el mandatario? No siempre sucede. No sé de qué hablaron. Yo he conversado con el presidente una vez sobre este hecho y mostró la voluntad de que se esclarezca…

— ¿Y por qué se reunió? Por temas presupuestales no fui a hablar de este caso, pero salió esto.

— Entonces con mayor razón habrá que confrontar al presidente con López Meneses Así es.

— ¿Conoce a López Meneses? Él dice que no sabía que lo resguardaban. ¿Es un argumento válido? No es un argumento sólido. Se presume que quien recibe una seguridad inusitada de 10 patrulleros puede haber hecho un pago irregular a los funcionarios. Buscaremos las razones. Eso es lo que investigamos. Al ver el resguardo, López Meneses debe haberse preguntado por qué tanta seguridad. No va a ser de milagro, ¿no?

— Le adjudican una gran simpatía por el Apra. Lo ha negado, pero un sector de la opinión pública no se convence… No los voy a poder convencer. Hay otros intereses de por medio. No son legales, sino partidarios, ideológicos, de gente que defiende determinada posición. No voy a contentar a todos. Es una manera de presionarme para que cambie una decisión, pero es imposible. En materia de enriquecimiento ilícito hablan las cifras, cuántos son los ingresos y cuántos los egresos. No es un peritaje muy sofisticado.

— Sin embargo, uno de los peritos en la investigación de Alan García ha sido aprista… Y el otro ha sido del Partido Socialista –nada afín a García–, renunció el 2006. Pero no se dice nada de él y no se le critica. El señor César Mori renunció al Apra el 2005. Ha intervenido en 76 peritajes. Los únicos que no pueden tener militancia política son los jueces y fiscales. Los peritos trabajan en la fiscalía, pero les paga la SBS. No intervengo en su nombramiento. Son las áreas correspondientes. Tampoco los designo para cada caso. Es un equipo de fiscales de todos los niveles, superiores, adjuntos, etc.

— El procurador Julio Arbizu ha pedido la nulidad del peritaje. ¿Es posible? Los procuradores tienen acceso a las investigaciones. Pueden revisar los documentos e inclusive presentar peritajes de parte si observan un hecho irregular. Pero el doctor Arbizu nunca ha objetado nada, ni presentado su peritaje de parte. Cuando aparece que ha sido del Apra, viene el cuestionamiento.

— ¿Se excede en sus funciones el procurador Arbizu? O se aprovecha del escándalo que se ha armado…

— En qué lo favorecería… En mantener el caso de García en estado de investigación, que no se resuelva como debe ser. Son 10 meses de investigaciones y se han vencido los plazos. Arbizu ha interpuesto un recurso de nulidad. Estamos evaluándolo para ver hasta qué punto un nuevo peritaje pueda cambiar las cifras que son únicas e inalterables. Se ha investigado los ingresos de García como senador vitalicio, los de la Universidad San Martín de Porres, por la venta de sus libros, las conferencias dictadas…

— Arbizu sostiene que la investigación no abarcó el tiempo suficiente. Él quiere que me remonte al primer gobierno de García. Lamentablemente la compra de su casa es el origen de esta investigación. No puedo remontarme, inclusive hay aspectos que pueden haber prescrito. Además, las cuentas en el exterior datan de 1987 y se investigó desde ahí. Creo que Arbizu está equivocado.

— ¿Cuándo se revisa un peritaje? Tiene que haber fundamentación de las cifras. Arbizu no las ha cuestionado, solo dice que un perito fue aprista, olvidando al otro que fue socialista. Debo resolver pronto el pedido. Pero no hay ningún indicio de que se alteraron las cifras.

— Ergo, no habrá un nuevo peritaje. Tiene que haber un argumento de fondo. Es una sospecha que carece de sustento.

— El pedido está avalado por el Ministerio de Justicia… No sé hasta qué punto el gobierno avala la actuación del procurador. No hay un pronunciamiento de otro organismo. Que alguien del gobierno esté presionando a la fiscalía rebasaría facultades constitucionales. Arbizu está tratando de presionar al Ministerio Público porque su pedido de nulidad no tiene sustento. No sé si responde a otros motivos.

— La Comisión de Justicia del Congreso lo citó por este tema. ¿No irá? No.

— ¿Es un desacato? El Ministerio Público es autónomo, no está sometido al poder político. El control político lo realiza el Parlamento, pero no sobre jueces y fiscales. Si concurro para dar cuenta de una investigación, siento un mal precedente. Luego cualquier comisión puede llamar a los fiscales, que son los titulares de la acción penal. Se quebranta la autonomía de la fiscalía.

— Arbizu le enviará lo concluido por la megacomisión para que investigue a Alan García. Está equivocado. Es muy vehemente. La megacomisión está investigando, concluye y va al pleno, luego a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Si el Congreso inhabilita a García, me envían el expediente. Debo hacer mía la denuncia y trasladarla al Poder Judicial. Eso dice la ley, que no me corresponde, porque podría haber resoluciones contradictorias entre la fiscalía y el Congreso.