SEBASTIAN ORTIZ MARTÍNEZ (@Shebas07) Redacción Online

Al menos 3.200 personas, que figuran en la lista de beneficiarios de indemnización del Estado por ser deudos de muertos y desaparecidos a manos del terrorismo, han fallecido sin recibir este pago. Según reveló hoy El Comercio, la razón de esta penosa situación es el Decreto Supremo 051-PCM, que impone requisitos excluyentes para que las víctimas puedan acceder a la reparación.

El DS 051-PCM establece que los cónyuges de la víctima (muerta o desaparecida) deben tener 65 años o más para recibir el pago; y los padres, 80 años o más. Otro criterio cuestionable es la condición de pobreza extrema exigida a los deudos como si la reparación se tratara de un programa social y no de un intento de resarcir lo dañado sin pretender valorar el costo de una vida.

El congresista de Alianza por el Gran Cambio Alberto Beingolea indicó que durante la legislatura pasada el pleno del Parlamento aprobó un proyecto de ley que modifica el Plan Integral de Reparaciones (PIR) a favor de los beneficiados, pero que el Ejecutivo lo observó en junio por “afectar el equilibrio presupuestal”.

En diálogo elcomercio.pe, el ex presidente de la Comisión de Justicia explicó que la iniciativa introduce en la lista de agraviados a las víctimas de violencia sexual en todas sus formas y deja sin efecto los requisitos excluyentes del DS 051-PCM, como una edad mínima y la condición de pobreza extrema para acceder al beneficio.

“Advertimos este problema e intentamos corregirlo (…) Ahora para recibir esta compensación debes tener 65 años como mínimo, lo cual es un absurdo total. La propuesta que hicimos señala que se debe entregar la reparación a quien haya acreditado la mayor antigüedad del daño, manifestó.

NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA El dirigente pepecista sostuvo que el Congreso de la República cumplió su tarea y envió la modificación de la ley. Ahora hay que pedirles explicaciones a las autoridades de los ministerios de Economía y Justicia. El primer ministro (Juan Jiménez Mayor) tuvo en su poder la norma pero no la promulgó. Habría que preguntarle: ‘¿por qué no lo hizo en su momento?’, añadió.

Beingolea consideró que no hay voluntad política de parte del Gobierno para cumplir con las reparaciones a favor de los deudos de las víctimas del terrorismo.

“El Ejecutivo tiene un discurso para las masas, pero a la hora de cumplir no lo hace”, manifestó en referencia al discurso que dio el presidente Ollanta Humala en Fiestas Patrias, en el que recalcó que el Gobierno asignó este año S/.100 millones para cubrir las indemnizaciones de 20 mil beneficiarios priorizados por su edad en siete listas

EN MANOS DEL PLENO Una de las últimas acciones que realizó la Comisión de Justicia antes de que termine la legislatura pasada fue insistir con el proyecto de ley, por lo que este se encuentra en lista de espera para ser debatido en el pleno.

“Le corresponde al presidente del Congreso (Víctor Isla) ponerlo en debate y si el pleno lo aprueba, el titular del Legislativo tiene las facultades para promulgarlo”, acotó Beingolea.

Si desea leer la observación del Ejecutivo al proyecto de ley que modifica el Plan Integral de Reparaciones haga clic aquí.