Documento que autoriza el pago fue firmado por el subsecretario general del despacho presidencial, Beder Camacho, investigado por el mismo caso. . (Foto: GEC)
Documento que autoriza el pago fue firmado por el subsecretario general del despacho presidencial, Beder Camacho, investigado por el mismo caso. . (Foto: GEC)
/ DIANA CHAVEZ
Redacción EC

El despacho presidencial autorizó el pago de la defensa legal de Wilson Pretel Mostacero, exjefe del gabinete técnico del presidente , investigado por presuntamente integrar una organización criminal, a raíz del llamado .

Pretel solicitó que el Estado asumiera los gastos de su defensa el pasado 28 de junio. El pedido se aprobó el último 14 de julio, luego de la opinión favorable de la oficina de asesoría legal.

Esa oficina concluyó que los actos imputados podrían estar vinculados con las labores que desempeñó el exfuncionario.

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El documento que autoriza el pago fue firmado por el subsecretario general del despacho presidencial, , investigado por el mismo caso.

La fiscalía busca determinar si Castillo contó con un gabinete en la sombra que coordinó, se confabuló y presionó a ministros y funcionarios del gobierno para satisfacer intereses subalternos.

Pretel confirmó que hizo la solicitud para el pago de su asesoría legal por ocho UIT (S/36.800). “Corresponde a todos los funcionarios y exfuncionarios de acuerdo a lo regulado por Servir”, dijo a El Comercio.

El exfuncionario de Palacio de Gobierno precisó que aún no se efectúa el desembolso del dinero solicitado, ya que se le requirió que reajustase el monto.

El exasesor, quien renunció al cargo abril pasado, aseguró ser inocente de los hechos por los que se le investiga. No obstante, remarcó que si al final es hallado responsable, deberá devolver el dinero que ha requerido al Estado para el pago de su defensa legal.

“Hasta el momento no me dicen qué conducta irregular la que yo, en calidad de funcionario habría realizado. Hasta ahora no lo sé, pero estamos ahí para enfrentar”, comentó.

Finalmente, el señor Pretel afirmó que “ningún ministro ni funcionario público ha declarado que su persona haya llamado para presionar o coaccionar, mucho menos para satisfacer intereses subalternos”. Refirió que su actuación en Palacio de Gobierno siempre fue dentro del marco de la Ley y la Constitución.