El pedido de Michael Urtecho para que le levanten inmunidad es improcedente

MARTÍN LEÓN ESPINOSA

Ante las denuncias en su contra, el legislador Michael Urtecho (Solidaridad Nacional) informó ayer que solicitará al presidente del Congreso, Fredy Otárola, que disponga el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

“A fin de evidenciar mi total disposición a ser investigado, así como la transparencia y legalidad de mis actos, ya preparé un documento [] que disponga el levantamiento de mi inmunidad a fin de que no exista obstáculo legal para que las autoridades correspondientes puedan realizar su labor e investigar”, declaró en RPP.

Sin embargo, la solicitud de Urtecho no tiene efecto práctico, ya que son otros los caminos para que un congresista pierda el fuero.

José Élice, ex oficial mayor del Congreso, recordó que cabían dos posibilidades.

Una es por un pedido del Poder Judicial. Luego de que el Parlamento recibe el requerimiento, la Comisión de Inmunidad Parlamentaria opina sobre el caso y el pleno decide si procede o no el pedido.

La otra posibilidad es debido a una acusación constitucional. En este caso, el pleno del Congreso, luego de que el proceso se aprueba en la Comisión Permanente, estima si hay lugar o no a la formación de causa.

“El Congreso no tiene que acceder automáticamente porque un parlamentario pide que le levanten la inmunidad, ya que esta no le pertenece al legislador, sino al Congreso”, comentó Élice a El Comercio.

Acotó que varios legisladores han intentado o han adoptado actitudes como la de Urtecho, pero nunca han resultado.

El vicepresidente del Parlamento, Luis Iberico, dijo que el caso, por los indicios de comisión de delitos penales, podía acabar con el desafuero de Urtecho. Pero hasta ahora no hay una acusación constitucional contra el legislador. Además, la subcomisión que ve estos casos ni siquiera tiene presidente.

Quienes sí investigan el caso son la fiscalía y la Comisión de Ética Parlamentaria.

Ayer, el presidente de este grupo, Humberto Lay (Unión Regional), dijo que hoy entregaría el informe a los miembros de la comisión (la redacción del documento debió terminarse anoche, aunque hasta el cierre de esta edición no se confirmó si ya estaba listo). Precisó que pediría a Fredy Otárola que el grupo pudiera sesionar mañana para discutir y votar el informe, el cual podría recomendar al pleno una sanción de hasta 120 días de suspensión.

La comisión está contra el tiempo, ya que las funciones de Lay como su titular finalizan este jueves.

El legislador precisó que el informe recogía los testimonios de ocho ex trabajadores de Urtecho que denunciaron que les había recortado sus salarios.

Además de las personas que hicieron la denuncia en el programa “Cuarto poder”, se han incluido los testimonios de Estela Bocanegra, Gladis Flores Gálvez y Carla Paredes Vera.