La historia de los funcionarios de confianza de ministerios y la Presidencia observados por la Contraloría

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Las oficinas de Control Institucional (OCI) del Despacho Presidencial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) -unidades orgánicas que realizan el control gubernamental y dependen de la Contraloría- publicaron entre agosto y setiembre informes en los que detallan los motivos por los que las siete personas contratadas en estas dependencias no cumplían requisitos específicos o advertían conflictos de interés tras su designación.

Los funcionarios incluidos en estas alertas fueron Auner Augusto Vásquez Cabrera, Luz Angélica Apolinario Llanco, Carlos Alberto Sotelo López, Pavel Humberto Valer Bellota y Oswaldo Elmer Rojas Muñoz.

La última encuesta El Comercio – Ipsos reveló que el 40% considera que el principal error de Castillo es haber elegido a personas sin experiencia para la dirección del Estado. Asimismo, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, comentó el último martes sobre la importancia de contar con funcionarios públicos calificados, que no respondan solo a intereses de poder.

La Contraloría informó a El Comercio que, una vez detectada la situación a través de un informe de control, las entidades públicas deben presentar un “Plan de Acción” indicando las medidas para corregir o aclarar las observaciones hechas.

Si las instituciones implicadas incumplen, “la Contraloría inicia las acciones de control posterior en donde se identificarán a los funcionarios responsables de las irregularidades detectadas y no subsanadas oportunamente”, precisaron.

¿Por qué es importante que los funcionarios de confianza cumplan con los perfiles? El órgano de control respondió que esto garantiza la continuidad de las acciones de cada institución, así como las funciones especializadas que se confían a los funcionarios. “Lo contrario perjudicaría al país, a la ciudadanía en general”, concluyeron.

¿Quiénes fueron los funcionarios observados? | Interactivo

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Despachando con Castillo

El pasado 24 de agosto, la OCI observó la designación del funcionario de confianza Auner Augusto Vásquez Cabrera en el Despacho Presidencial como jefe de Gabinete Técnico. Él acompaña al mandatario como uno de sus principales asesores.

De acuerdo con el informe, el abogado no cuenta con la documentación que acredite la experiencia mínima requerida en el clasificador de cargos.

La OCI informó que, de la documentación alcanzada sobre el legajo de Vásquez Cabrera, no se advirtió un certificado, constancia, contrato y otro documento idóneo que acredite su experiencia laboral en el Estudio Jurídico Vásquez & Viton Abogados Consultores SCRL por 1 año y 5 meses.

Sin esto, “no cumpliría con el requisito de experiencia -tiempo mínimo requerido- para el cargo”. No se indicó tampoco la fecha en que iniciaron y concluyeron sus actividades como gerente general del referido estudio. Adicionalmente, Eder Vitón Burga, la persona que suscribió la constancia de Vásquez Cabrera, no tenía facultades para hacerlo.

De otro lado, se alertó sobre un posible conflicto de interés entre los trabajos ofrecidos por el estudio de abogados y las funciones de un jefe de Gabinete Técnico. El estudio detalla como algunos de los trabajos ofrecidos la “gestión de contrataciones públicas” y “acompañamiento para la gestión de proyectos de inversión público o privado”. La OCI indicó que esto “podría generar conflicto de intereses, teniendo en consideración que las funciones propias del cargo implican asesoría especializada en diversas materias […]”.

Al 4 de agosto, Vásquez Cabrera seguía figurando como miembro y gerente general del estudio. De la misma manera, se observó que Vitón Burga fue designado asesor técnico de Despacho Presidencial el 19 de agosto.

El Comercio consultó con Presidencia de la República, a través del área de prensa, qué medidas adoptaron para subsanar estas observaciones, pero no recibimos respuesta.

Más cuestionamientos al MTC

Una excandidata de Perú Libre permanecía inamovible de su puesto en el MTC. Luz Angélica Apolinario Llanco postuló en las últimas elecciones al Congreso por Lima y fue, desde el 11 de agosto, directora de la Oficina de Diálogo y Gestión Social de dicho sector. La OCI advirtió ese mismo mes que Apolinario Llanco “no cumpliría con el perfil para el puesto”.

De acuerdo con el clasificador de cargos del MTC, se requieren como requisitos mínimos para aquella dirección: título profesional o grado académico de maestría o bachiller; experiencia no menor de 3 años en el sector público o privado; y estudios de posgrado o relacionados con las funciones.

Sin embargo, de la información declarada por Apolinario Llanco, así como la documentación entregada al órgano de control, la OCI verificó que la funcionaria “no cuenta con estudios de posgrado o relacionados con las funciones”.

La excandidata de Perú Libre es administradora y ha sido regidora de la Municipalidad de San Luis (Somos Perú, 2015-2018). Antes de su designación, fue gerente de una empresa productora de plásticos, de recuperación de materiales y un sauna.

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Pese a la observación hecha por la OCI, el MTC respondió a El Comercio antes de la publicación de este informe -domingo 21- que Apolinario “cumple con los requisitos establecidos” al haber declarado tener dos capacitaciones que consideran están relacionadas a su función: un Programa de Administración y Gestión Pública, y un taller en Planeación y Control Integral de Gestión Municipal.

“Debe indicarse que la señora cuenta con experiencia en el sector público como regidora, siendo que dicha experiencia profesional guarda afinidad con las funciones de la Oficina de Diálogo y Gestión Social del MTC”, agregaron sobre la funcionaria que percibió en octubre una remuneración de S/15.600.

El ministro Juan Silva informó el último jueves 25 que Apolinario Llanco renunció al cargo. Según Silva, ella sí cumplía condiciones para el puesto, pero se le “discriminó” por haber sido candidata de Perú Libre.

Además de Apolinario, la OCI advirtió en setiembre un posible conflicto de interés tras la designación de Carlos Alberto Sotelo López como viceministro de Comunicaciones del MTC. Según la hoja de vida presentada al ministerio, desde el 2017 era gerente general de la empresa Sothelo Innovations SAC, que el 26 de marzo del 2018 obtuvo una concesión por 20 años para el servicio de telecomunicaciones.

La Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, que está bajo el citado viceministerio, asumió desde el 2019 las funciones de la anterior Dirección General de Concesiones en Comunicaciones, que suscribió el referido contrato.

Bajo la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones se encuentran otras dependencias, como la de Gestión de Inversiones en Comunicaciones y la de Gestión Contractual. Esto cobra importancia debido a que Sotelo López tiene autoridad sobre todas ellas.

“Un funcionario/servidor público, con evidente interés personal, puede coordinar, intervenir o participar indebidamente en los procesos relaciones con su cargo y la empresa que patrocina dada su posición” en el MTC. Esto comprometería “la objetividad e imparcialidad del ejercicio de la función pública”, sustenta la OCI en su informe.

En cuanto a las actividades económicas secundarias de la empresa, indican que Sotelo López “al realizar estas actividades económicas, su interés particular colisiona con el desempeño de sus funciones como viceministro”.

El Comercio consultó con el MTC qué medidas se tomaron para subsanar este conflicto de interés advertido. Sin embargo, no recibimos respuesta antes de la publicación de este informe.

Nota de redacción: El martes 23, dos días después de publicado el informe, el MTC respondió a El Comercio que Sotelo López se dedica a tiempo completo a su trabajo en el sector y, desde el 20 de agosto, “no es representante legal ni ocupa cargo alguno” en la empresa Sothelo Innovation S.A.C. Además, que desde el 1 de setiembre renunció a ser “accionista”, quedando expedito para asumir cualquier cargo en el Estado. “Cumplo todos los requisitos que establece la ley y el clasificador de cargo del sector, sin ninguna denuncia de corrupción y con una hoja de vida intachable”, respondió Sotelo.

De otro lado, Silva informó el jueves 25 que Sotelo fue “cesado” en el cargo por haber omitido información sobre un posible conflicto de interés.

El Midagri en la mira

Cuatro funcionarios de confianza del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Midagri que no contaban con los años de experiencia específica requerida para cada puesto ni los documentos que acrediten su experiencia laboral renunciaron a sus cargos.

El Midagri respondió a El Comercio que realizó la fiscalización posterior a la documentación presentada en las hojas de vida descriptivas presentadas por los directores antes de su designación.

“Se ha solicitado a los funcionarios el sustento de dichas hojas de vida presentados inicialmente. La fiscalización posterior es un proceso interno que implica la verificación de los documentos presentados y que las entidades que los expidieron deben corroborar”, añadieron.

De acuerdo con el plan de acción presentado al órgano de control luego del informe publicado, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos detectó información inexacta entre lo declarado por los cuatro funcionarios en sus hojas de vida y los documentos que sustentarían lo consignado. Por tanto, no cumplen con los requisitos mínimos para sus puestos y se recomienda dar por concluidas las cuatro designaciones.

El viernes 19, el Midagri informó a este Diario que Luis Humberto Chuquilín García -que acreditó documentos inconsistentes en su hoja de vida- y John Steve Ordóñez Muñoz -que sustentó un trabajo en un restaurante como experiencia para el Midagri-, implicados en el informe de la OCI, renunciaron al ministerio.

Tras la publicación de este informe, el miércoles 24 los funcionarios Oswaldo Elmer Rojas Muñoz y Pavel Humberto Valer Bellota renunciaron a los cargos de director de Políticas Agrarias y director de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, respectivamente.

La resoluciones de su salida fueron firmadas por el ministro de Agricultura, Víctor Maita. Los dos funcionarios presentaban inconsistencias en sus hojas de vida para el cumplimiento de los años de experiencia específica solicitada para cada cargo.

Respecto a Pavel Humberto Valer Bellota, quien hasta el miércoles fue director de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del viceministerio en cuestión, se determinaron inconsistencias en el cumplimiento de los 4 años de experiencia específica que se necesitan para el cargo.

Sobre el legajo de Valer Bellota se detalla que su experiencia como docente ordinario en la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco “no correspondería a un puesto similar al cargo de Director General de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural ni guardaría equivalencia con la función y/o materia del referido puesto”. Por tanto, este periodo laboral no puede ser considerado.

También consignó la realización de prácticas por dos años en Oxfam, pero el documento que presentó las certifica por un periodo de 6 meses. Similar situación se observó sobre un contrato CAS con la Dirección Regional de Cultura de Cusco. “No se tiene información respecto a la fecha exacta de inicio de contrato y culminación, el periodo de dos años carecería de certidumbre”, precisaron.

De otro lado, el documento presentado por la consultoría que declaró haber realizado en la ONG Círculo Solidario de Euskadi “no sería un documento que acredite una experiencia profesional”. Finalmente, solo mostró un documento sobre su pertenencia a la asociación ADEAS Qullana como miembro investigador y el recibo por honorarios que adjuntó solo demostraría 1 mes de experiencia profesional y no dos años, como había declarado. Por tanto, no alcanzaría los 4 años de experiencia requeridos.

En cuanto a Oswaldo Elmer Rojas Muñoz, hoy exdirector de Políticas Agrarias del mismo viceministerio, la OCI advirtió inconsistencias en los 4 años de experiencia específica solicitados.

El funcionario consignó trabajos como ejecutivo de nóminas en el Banco Financiero e Interbank, pero ambos no corresponderían a un puesto similar al que actualmente ocupa, “ni tampoco guardaría equivalencia con la función y/o materia del referido puesto”.

Por tanto, la experiencia sustentada por ambos trabajos -más de 6 años- “no podría ser considerado como experiencia específica”. El periodo acreditado sería insuficiente. “Las experiencias laborales como ejecutivo de nóminas en el sector financiero no cumplirían con el criterio establecido”, agrega la OCI.

Samuel Rotta: “Los perfiles de puestos no están por las puras”

Samuel Rotta, director ejecutivo de Proetica, dijo a El Comercio que contar con funcionarios que no cumplan el perfil solicitado puede desencadenar dos situaciones: la ralentización en las decisiones y el abuso de cargo.

Sobre el primero, consideró que hay posibilidad de que se traben los trabajos en estas oficinas del Ejecutivo por la falta de experiencia, que “claramente termina pasando factura”. “Se tiene que entender cómo funciona el sector, los procedimientos, eso puede tener un impacto sobre la toma de decisiones y sobre la gestión en general”, añadió.

De otro lado, no descarta el riesgo de que aprovechamientos indebidos aumenten. “Precisamente, la idea de tener perfiles de cargos es tratar de reducir estos dos grandes riesgos”, resaltó.

No tener el conocimiento adecuado del sector puede conducir a la dilación en decisiones. “Los perfiles de puestos no están por las puras”, finalizó.

DATOS:

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)

La Contraloría advirtió el pasado 10 de setiembre la designación de tres funcionarios en puestos de confianza, durante la gestión de Iber Maraví, que no contaban con la documentación que sustente su experiencia o se dudaba de su veracidad. Dos de ellos dejaron sus cargos entre octubre y setiembre.

De otro lado, el MTPE presentó al órgano de control el plan de acción solicitado para subsanar las observaciones, pues el informe cuestionó también la designación de Dora Amelia Pérez Estrada, asesora II de la Secretaría General, por no contar con la documentación que sustenta su información profesional y laboral.

El MTPE respondió a El Comercio que la información no se encontraba en su legajo personal físico, pero sí en el digital. “Inmediatamente conocido el informe, se anexaron dichos documentos a su legajo personal; subsanándose la observación”, detallaron.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

Natalia Natali Jiménez Velásquez, quien en agosto fue designada directora ejecutiva de Provías Descentralizado por el ministro Juan Silva, dejó el cargo apenas dos días después.

La Contraloría sustentó, en un informe, la falta de experiencia de Jiménez para asumir este cargo. Por tanto, al no cumplir con el requisito mínimo de 10 años de experiencia laboral en el sector privado o público, la legalidad de su designación estaba afectada.

Jiménez Velásquez es cercana al partido político Perú Libre desde el 2015. Tras su salida del MTC, en setiembre reingresó al Estado como consultora FAG de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), durante la gestión de Guido Bellido.

Sin embargo, fue cesada el 19 de octubre. Se retiró de la entidad con el pago de S/ 5.383, de acuerdo con la planilla de octubre de la PCM.

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