CECILIA ROSALES FERREYROS

El lunes, en Guayaquil, el gobierno de Rafael Correa avanzó –con el apoyo del Perú– en dos de los objetivos que se ha planteado con respecto al sistema interamericano de derechos humanos.

El primero tiene que ver con su intención de debilitar la relatoría especial para la Libertad de Expresión de la OEA, órgano que ha advertido sobre las constantes violaciones a este derecho en Ecuador, Venezuela y Argentina.

Según la Declaración de Guayaquil adoptada el lunes por 19 países (cinco cancilleres y otros representantes de menor nivel): “En función del principio de la indivisibilidad de los derechos humanos, proponer que todas las relatorías sean consideradas especiales y garantizar el financiamiento para el cabal cumplimiento de los fines de cada una de ellas”.

La única relatoría especial que por ahora existe es la de Libertad de Expresión, con una funcionaria a tiempo completo que recibe donaciones para su función. El objetivo sería debilitar esta relatoría, quitándole recursos al crear otras de carácter especial.

El otro punto que logró introducir Ecuador, con la anuencia del canciller Rafael Roncagliolo, busca cambiar la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ecuador ha propuesto que sea Argentina.

EN LA OEA Estos dos puntos, que no han formado parte de los debates de los últimos 18 meses en el Consejo Permanente de la OEA para reformar el sistema de DD.HH., fueron rápidamente acogidos el miércoles por el representante de Nicaragua, quien tiene a su cargo la presidencia de este consejo. Él presentó –con el apoyo de los países del ALBA– un borrador de resolución de reforma al sistema de DD.HH. incorporando los acuerdos de Guayaquil.

Argumentó que lo hacia porque queda poco tiempo para la sesión de la Asamblea General de la OEA prevista para el 22 de marzo, donde se tratará el tema.

Ante la propuesta del nicaragüense, los ánimos en el Concejo Permanente se tensaron. Varios países reclamaron que fueron excluidos de la reunión de Guayaquil. El representante peruano reveló que “no hubo consenso” entre los miembros de Unasur para aceptar a países observadores como Estados Unidos y Canadá.

Por eso Panamá dijo que se duda si la cita de Guayaquil fue de Unasur o de los estados que conforman el Pacto de San José. Habló de anomalías. México y Brasil expresaron reservas al encuentro y lo consideraron informal.

Al final se decidió formar un grupo de trabajo para preparar un nuevo borrador de proyecto de resolución coordinado por México, con la participación del Perú y de la Secretaría General de la OEA.