La bancada fujimorista presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Legislativo 1141 que busca fortalecer y modernizar el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

La demanda presentada ante el Tribunal Constitucional señala que los artículos 36° y 37° del decreto, publicado en diciembre del 2012, reglamentan, indebidamente, las funciones de la Comisión de Inteligencia del Congreso, lo cual es competencia exclusiva de ese poder del Estado.

Asimismo, se argumenta que la Comisión de Inteligencia está normada por el Reglamento del Congreso, el cual, por tener rango de ley orgánica, no podría ser modificado por un decreto legislativo. Ello transgrediría, de acuerdo con esta demanda, el artículo 106 de la Constitución.

El vicepresidente de la mencionada comisión, el fujimorista Carlos Tubino, mencionó que mientras la ley anterior de la DINI (Ley 28664) indicaba, textualmente, que una de las facultades de ese grupo congresal era “fiscalizar el Plan Anual de Inteligencia”, el decreto 1141 establece que dicha comisión solo “toma conocimiento” del referido plan. “Esto despierta preocupación y es contrario a los principios de transparencia que reclama la población peruana”, indicó Tubino.

El Comercio llamó a la presidenta de la Comisión de Inteligencia, la nacionalista Ana María Solórzano, pero se nos dijo que estaba ocupada.

MÁS DATOS El congresista Juan Carlos Eguren (APGC) advirtió el aumento del presupuesto ejecutado por la DINI.

El monto asignado para el 2013 a esa dirección es de S/.110 millones. En el 2012, fue de 52 millones: aumentó en 112%.

El presupuesto de gastos reservados de la DINI es de S/.74 millones para el 2013. El año pasado fue de S/.18,7 millones. El aumento ha sido del 295% en un año.

Al 31 de mayo, la DINI ha ejecutado el 48,8% de sus gastos reservados: casi la mitad en 5 meses.

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