Pilar Freitas: “Hay un boicot contra la renovación de miembros del TC, BCR y defensoría”

PABLO O’BRIEN

Esta semana ha sido acusada de infinidad de irregularidades. ¿Pensó en algún momento en retirar su postulación a la Defensoría del Pueblo? De ninguna manera. En primer lugar, porque soy una luchadora. En mi vida he dado muchas batallas y en todas he salido airosa. No veo por qué ahora debiera retirarme, sobre todo cuando tengo la fuerza de la razón. Todas las acusaciones en mi contra son falsas. Es evidente que están dirigidas a boicotear, no solo mi candidatura [a la defensoría], sino al acuerdo al que se ha llegado para que el país renueve a los miembros de instituciones claves para el funcionamiento de la democracia en el país, como son el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva y, claro, la Defensoría del Pueblo.

¿Y quién o quiénes estarían detrás de este supuesto boicot? Creo que la ciudadanía se da cuenta de dónde vienen los ataques y cuáles son las razones por las que se quiere impedir que estas instituciones se renueven

Pero eso es una acusación grave. ¿Una futura defensora del Pueblo no debiera decir las cosas como son? Bueno, tengo la certeza, porque ya anteriormente he sido víctima de sus maniobras politiqueras, de que detrás de todas estas acusaciones están algunos miembros del Partido Aprista.

¿Qué ganaría el Apra con este supuesto boicot? Yo creo que para nadie es un secreto que les es más cómodo tratar con los actuales miembros de estas instituciones.

¿Está diciendo que el Apra tiene influencias en estas instituciones? No puedo afirmarlo, pero parece que esa es la intención. ¿Si no, por qué tanto interés en tumbar el acuerdo al que se ha llegado para renovar a los miembros de estas instituciones?

¿A qué se refiere cuando dice que ha sido víctima de maniobras orquestadas por el Apra? ¿A su salida de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp)? Sí, pero no es la única, aunque esta es la más evidente y la que puedo probar

Usted fue acusada de negligencia y la removieron del cargo. Déjeme que le cuente. Hace unos días el congresista Velásquez Quesquén señaló que fui destituida de la Sunarp por malos manejos. Pues bien, déjeme informarle a ese parlamentario que, tras varios años, el Poder Judicial ha resuelto que mi destitución fue arbitraria y que la acusación de negligencia por no haber presentado los estados financieros de la Sunarp a la contraloría era falsa. Durante el proceso se ha probado, fehacientemente, que sí se entregaron los estados financieros. Y aquí le muestro la sentencia [sobre el caso] para que El Comercio la analice y compruebe que dichas acusaciones eran falsas [nos entrega la resolución].

¿Quiénes afirmaron que no se habían entregado los estados financieros? Fue el actual abogado del ex presidente Alan García, el señor Erasmo Reyna, quien en ese momento era viceministro de Justicia. Él preparó un informe que sirvió de sustento a la resolución suprema que dio por concluido mi mandato en la Sunarp. Ese informe, como hoy he demostrado ante el Poder Judicial, estaba lleno de falsedades y su única finalidad era sustentar mi ilegal remoción.

¿Qué ganaba Reyna con eso? Me imagino que él o el Partido Aprista querían poner a su gente. Además, poco tiempo antes de que fuera ilegalmente destituida denuncié al superintendente adjunto, Manuel García, quien había presionado a varios empleados de la Sunarp para inscribir unas concesiones mineras de los Sánchez Paredes.

Baruch Ivcher la ha acusado de haberlo perseguido judicialmente, cuando usted fue procuradora, en la época en que le arrebataron su canal e incluso la nacionalidad peruana. Es que no se entiende bien la labor de la procuraduría. Como procuradora del Poder Judicial recibí una notificación de un juez penal en la que se abría instrucción por la falsificación de un libro de actas dentro de un proceso civil. Por tanto, estaba dentro de mis funciones constituirme como parte civil pues estábamos frente a un supuesto delito contra la administración de justicia. En este caso, como en los otros 36 mil procesos que tuve a mi cargo en esa época, esa era mi obligación. Yo no tenía facultades discrecionales, ni mucho menos podía determinar la verosimilitud de los hechos, pues esas funciones corresponden al Ministerio Público y al Poder Judicial. Mi intervención estaba circunscrita a la defensa institucional del Poder Judicial. Las partes no eran materia de mi competencia.

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