Para el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, la reunión sostenida el año pasado entre su antecesor en el cargo, César San Martín, los ministros Juan Jiménez Mayor y Pedro Cateriano, con la doctora Carmen Rojjasi, quien estuvo a cargo del Caso Chavín de Huantar, fue “casi oficial” y necesaria.
Detalló que fue una sesión registrada dentro del PJ y se realizó a pedido del entonces ministro de Justicia, Jiménez Mayor, de acuerdo con la ley de defensa del Estado. Ello debido a que pesaba sobre el Estado una denuncia en la CIDH por no haber emitido sentencia sobre el caso en nueve años de proceso.
“Los ministros y procuradores tienen pleno derecho a entrevistarse y obtener información de las autoridades políticas o judiciales cuando se trata de ejercer una defensa en organismos internacionales del Estado. Había una necesidad de reunión”, expresó.
Asimismo, Mendoza indicó que el Poder Judicial ya inició las investigaciones sobre los audios de la reunión que fueron difundidos desde hace cuatro días vía YouTube. Sobre estos existe la presunción que tanto los representantes del Gobierno y la Justicia ejercieron presión a Rojjasi para que su fallo no complique la situación del Estado en el tribunal internacional.
“El juez tiene que conservar su autonomía y su independencia, si no lo hace, debe irse. Los jueces no deben aceptar ningún tipo de presión. El juez escucha amigos, abogados a cualquier persona pero debe resolver de manera autónoma”, dijo.
Respecto de la no ratificación como jueza a Rojjasi luego que en su sentencia estableciera que el camarada ‘Tito’ fue ultimado extrajudicialmente, Mendoza señaló que la doctora fue separada públicamente antes de que haya cualquier fallo. “Pero pidió su reconsideración y después se le comunicó la reconfirmación que no fue ratificada”, puntualizó.
El titular del PJ descartó plenamente que con su pronunciamiento pretenda avalar lo conversado en la cuestionada sesión. Subrayó, eso sí, que la sentencia emitida por la sala que estuvo a cargo de Rojjasi sobre Chavín de Huantar desbarata cualquier sospecha de injerencia del Ejecutivo.