La Procuraduría Antidrogas realiza un exhaustivo trabajo de recolección de información y documentación con el fin de depurar sus listas de sentenciados por narcotráfico y lavado de activos, así como de verificar la situación de quienes recibieron gracias presidenciales durante el gobierno anterior.

Así lo informó hoy su titular Sonia Medina, quien manifestó que los indultos y las conmutaciones de penas a narcotraficantes colisionan con los objetivos de la lucha antidrogas en el país, ello considerando además que algunos de los liberados han vuelto a delinquir.

Lamento mucho que haya ese tipo de contradicciones y que por un lado haya instituciones que se esfuerzan al máximo, y por otro lado, hay instituciones que hacen lo contrario, abren una puerta falsa para todo esto. Eso es cuestionable, expresó la funcionaria.

Según acotó, el trabajo de la Procuraduría en este caso consiste en depurar las listas de indultados con respecto a quienes están dentro y quienes están fuera.

Los indultos no son nuestro tema, no tenemos competencia, no nos involucramos en eso porque son procedimientos administrativos presidenciales, pero el problema ahora es quién nos paga la reparación civil, se preguntó en declaraciones a Andina.

‘NARCOINDULTOS’ En el anterior gobierno, de Alan García, se otorgaron 5.500 gracias presidenciales, entre indultos y conmutaciones de penas para presidiarios, de los cuales 400 fueron para condenados por narcotráfico.

Un hecho que llamó la atención, como demuestra un informe de El Comercio, es que casi la mitad de los facilitadores de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia (que desapareció el 2010 al fusionarse con otras para dar paso a la Comisión de Gracias Presidenciales) eran apristas.

Denuncias periodísticas que tomaron la versión de un preso por narcotráfico dieron cuenta además de que durante el gobierno aprista se pedía a los internos por ese delito el pago de 10 mil dólares a cambio de que la citada comisión conmutara un año de condena.