Sicreci responde a Odebrecht: No es posible negociar con quien utiliza medidas de presión

La Comisión Especial que representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Comisión Especial), órgano multisectorial creado en el marco del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci), informó que no negociará con la empresa Odebrecht Latinvest S.à.r.l. (“OLI Lux”) debido a que iniciaron un proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra el Estado peruano por el Caso Gasoducto del Sur.

“OLI Lux, a pesar de haber indicado que desplegó todos sus esfuerzos para que las partes puedan alcanzar acuerdos que permitan resolver sus diferencias, en ningún momento luego del año 2017 (año en el que presentó la Notificación de Disputa) se comunicó con la Comisión Especial, única encargada de la representación del Estado peruano en Controversias Internacionales de Inversión, para buscar una solución amistosa a la disputa […] No es posible aceptar negociar con una empresa que utiliza medidas de presión en contra del Estado”, se lee en el comunicado.

El 21 de enero del 2020, la mencionada empresa presentó una solicitud de arbitraje ante el Ciadi exigiendo más de US$1.200 millones de indemnización por supuestamente existir un incumplimiento por parte del Estado en la resolución del contrato del gasoducto sur peruano (GSP).

Cabe indicar que en el documento de la demanda ante el Ciadi se precisa que Odebrecht buscó un acuerdo con los ministerios de Energía y Minas y de Economía, ante la proximidad del vencimiento del plazo de un convenio, por el que la compañía buscaba recuperar su inversión; pero las conversaciones fracasaron.

El comunicado del Sicreci indica que el Estado “ya no está en la obligación de negociar” con la compañía y que de ahora en adelante cualquier comunicación se deberá hacer mediante el estudio jurídico Arnold & Porter contratado para efectuar la defensa de los intereses del país.

“Cualquier comunicación futura que desee dirigir OLI Lux a la Comisión Especial —única encargada de la representación del Estado peruano en Controversias Internacionales de Inversión— en relación con el proceso arbitral de la referencia, deberá hacerse a través de los asesores externos del Estado peruano para ese caso, el estudio jurídico Arnold & Porter”, agrega el comunicado.

“Siendo este un arbitraje internacional en curso y considerando el proceso de colaboración eficaz, y la investigación en curso sobre los actos de corrupción en relación con el proyecto GSP, los intereses de defensa del Estado exigen que la Comisión Especial no haga declaraciones sobre el curso del arbitraje”, concluye el documento.