El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén sostuvo hoy que la megacomisión gastó más de 12 millones de soles en una investigación en la que no han encontrado que el ex presidente Alan García haya cometido delito, por lo que ahora lo acusan de infracción constitucional.
Este informe lo van a aprobar (en el pleno del Congreso) el Gobierno, sus aliados y sus satélites, ayer en un debate han demostrado esa voluntad. En la Subcomisión (de Acusaciones Constitucionales) nos defenderemos con argumentos jurídicos y razonables, argumentó Velásquez.
Dijo que la intención del informe final del Caso Narcoindultos, emitido por la comisión presidida por Tejada, pretende sacar del cuadro electoral a Alan García acusándolo de otorgar de manera irregular indultos y conmutaciones a presidiarios, varios de ellos condenados por narcotráfico.
A su juicio, el informe carecería de rigor jurídico y subrayó que el otorgamiento de conmutaciones e indultos es una facultad constitucional que tiene el presidente de la República, y no se concede a personas inocentes, sino a condenadas porque supone un perdón de la pena.
En RPP, el aprista estimó que el referido documento será visto en el pleno del Congreso en marzo del 2014, cuando se reanude la legislatura, y luego se derivará todo lo actuado al Ministerio Público para el inicio de un proceso contra los acusados sin derecho de antejuicio.
PEDIRÁN QUE FISCALÍA AMPLÍE INVESTIGACIONES La Procuraduría Anticorrupción pondrá a disposición del fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, el informe emitido por la megacomisión sobre el caso narcoindultos, para que se extiendan las investigaciones y se incluya al ex presidente Alan García en ese caso.
Los elementos adicionales que pueda aportar el informe de la megacomisión, que seguramente serán muchos, obviamente serán puestos en conocimiento del fiscal de la Nación para ampliar la solicitud que ya se hizo formalmente la semana pasada, dijo Arbizu a Radio San Borja.
Arbizu precisó que si bien el exmandatario aprista tiene prerrogativa de antejuicio político, la procuraduría a su cargo solicitó al Ministerio Público que abra una investigación preliminar.
El grupo investigador encontró documentos con la firma y con anotaciones de García, en los cuales rebajaba aún más la recomendación de la Comisión de Gracias Presidenciales para disminuirles la pena a ciertos internos condenados por narcotráfico en el país.