El congresista Jorge Rimarachín y los integrantes de la bancada de Fuerza Popular volvieron a protagonizar una fuerte discusión en el pleno del Legislativo. El ex Gana Perú encendió la mecha al exigirle a los fujimoristas no participar en el debate del proyecto para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera y prevenir lavado de activos.

Según Rimarachín los fujimoristas, que pidieron que la iniciativa sea revisada en la Comisión de Constitución, no debían participar, porque en un depósito aduanero de la empresa Limasa, vinculada a Kenji Fujimori, la Policía Antidrogas halló 100 kilos de cocaína.

Incluso, el parlamentario expulsado de Gana Perú señaló que durante el gobierno de Alberto Fujimori se utilizó el avión presidencial y embarcaciones oficiales para transportar droga.

De inmediato, Fujimori Higuchi le respondió a Rimarachín y explicó que los depósitos aduaneros no son responsables por los objetos que guarden, sino las empresas dueñas de la carga.

“La única función de un almacén aduanero es ceder de manera temporal espacio, estamos prohibidos de abrir los contenedores e inspeccionar, porque eso le compete a la autoridad aduanera, no a los almacenes privados”, manifestó.

El legislador, agregó, que “el narcotráfico es una lacra” que afecta a todo el sector de comercio exterior y les preguntó a los congresistas del oficialismo, “¿qué cosa hace su presidente Ollanta Humala para combatir esta lacra?”. “No hace nada, está demostrando ineficiencia”, agregó.

Luego tuvo que reiterar estas palabras ante un reclamo del portavoz del nacionalismo Fredy Otárola.

“QUE SE LAVE LA BOCA” A su turno, el vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, le pidió a Rimarachín “lavarse la boca antes de hablar del fujimorismo” y dijo que el ex Gana Perú siempre “insulta” al fujimorismo cuando “quiere prensa”.

Le exigió que antes de meterse con su bancada solucione los problemas legales que tiene. Según señaló, Rimarachín ha sido acusado por malversación de fondos en perjuicio del gobierno regional de Ayacucho.

Al final, el pleno del Congreso aprobó que el proyecto de ley para prevenir el lavado de activos sea revisado en la Comisión de Constitución.