Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori se verán las caras de nuevo por 'Diarios Chicha'

Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori volverán a estar frente a frente esta vez en el juicio que el ex mandatario afronta por el Caso Diarios Chicha. El otrora asesor presidencial forma parte de la lista de testigos que solicitó la fiscalía junto con siete personas más vinculadas al presunto desvío de fondos del erario nacional para solventar los gastos de los diarios sensacionalistas desde donde se atacaba a rivales políticos de Fujimori, en la campaña electoral reeleccionista del año 2000.

En la nómina solicitada por el Ministerio Público también están el sociólogo Rafael Merino Bartet, antiguo asesor legal del Servicio de Inteligencia Nacional y quien habría tenido conocimiento del desvío de fondos en cuestión, José Luis Malpartida del Pino, ex director de Inteligencia de la FAP, y quien tuvo participación activa en el paso del dinero del SIN a la campaña reeleccionista 2000, según puntualizó la fiscalía.

Además, Hugo Alberto Cueva Infante, ex jefe de Finanzas de la Dirección de Inteligencia de la FAP; José Abel Villalobos Candela, ex director de administración del SIN y quien habría recibido el dinero ilícitamente desviado de la FAP. También Jaime Alfredo Jaililie Awapara, ex viceministro de Hacienda, y Reynaldo Bringas Delgado, ex director de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes deben explicar el aumento indiscriminado de presupuesto para el SIN entre 1998 y el 2000.

Completan la lista César Uriol Ramírez, ex subjefe de la casa militar de Palacio de Gobierno, a quien se le encargo el traslado del dinero para la campaña reeleccionista de Fujimori, y el periodista Ángel Páez Salcedo, catalogado por la fiscalía como “víctima directa y conocedor absoluto” de la maquinaria en torno a los ‘Diarios Chicha’.

En tanto, la sala que preside la jueza Aissa Mendoza rechazó acoger los testimonios del ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi y del catedrático Juan Gargurevich. La palabra de ambos periodistas fue solicitada por la fiscalía y procuraduría, respectivamente, pues estudiaron con amplitud el fenómeno de publicaciones de desprestigio.

La defensa legal de Fujimori reclamó que no se trataba de testigos técnicos y el tribunal le dio la razón.