(Foto: Archivo El Comercio)
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Giovanna Castañeda Palomino

es uno de los de Challapalca en Puno, ubicado a casi 5 mil metros sobre el nivel del mar. Desde este lugar consiguió que una jueza ordene dos veces su traslado a Lima bajo el argumento de que se requería su presencia en las audiencias orales por uno de sus juicios.

Sin embargo, ante los insistentes pedidos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la representante del Poder Judicial cambió su decisión y admitió que participe en un juicio oral a través de una videoconferencia, como lo hace en otros procesos. De haber sido trasladado, Orellana hubiera asistido semanalmente al penal donde está recluida su pareja, lugar donde se llevan a cabo las audiencias del juicio por el celular que ingresó a Piedras Gordas.

Esto fue lo que ocurrió.

–El INPE se opuso–
El abogado ya ha sido condenado a por el delito de estafa; a y tiene una orden de prisión preventiva por ser presuntamente el cabecilla de una organización criminal. El , cuando se halló un celular en su celda de Piedras Gordas, con el que se comunicaba con el exterior.

Por este caso, Rodolfo Orellana podría ser condenado a . La fiscalía anticorrupción de Ventanilla, a cargo del fiscal Herve Aquino, ha pedido también el mismo tiempo de cárcel para su pareja Esther Carolina Furland, por ser cómplice de este delito. Ella habría pagado US$1 mil a uno de los custodios para que permitan el ingreso del teléfono móvil.

El juicio oral por este caso está avanzando y está en una sexta audiencia. Estas se llevan a cabo en el penal Santa Mónica, en Chorrillos, donde se encuentra recluida Carolina Furland. En aproximadamente dos semanas, precisaron fuentes a El Comercio, podría concluir y dictarse una sentencia.

(Foto: Captura de video)
(Foto: Captura de video)

Este Diario pudo conocer que en setiembre del año pasado, la jueza Jenny Tipacti Rodríguez, del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Ventanilla, ordenó que Rodolfo Orellana sea trasladado a la ciudad de Lima y su ubicación en un establecimiento penitenciario de la capital, para llevar a cabo el juicio oral por el caso del celular en su presencia.

Ante esta orden, Luis Jiménez Tello, director Regional del Altiplano del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), solicitó a la jueza –a través de un oficio– reconsiderar que la audiencia sea a través de una videoconferencia. Jiménez explicó que el traslado de Orellana constituía riesgos de seguridad por tener varias investigaciones en curso. No obstante, a pesar de este pedido, la magistrada ratificó su decisión y el abogado debía retornar a Lima.

Tras esta insistencia, fue el jefe del INPE, Carlos Vásquez Ganoza, quien envió un segundo oficio a la jueza Tipacti para reiterar lo manifestado por el funcionario a cargo del penal de Challapalca y que se reconsidere el traslado de Rodolfo Orellana.

Entre las razones que manifestó Vásquez Ganoza, según el documento al que tuvo acceso El Comercio, fue que en el penal Challapalca otros órganos jurisdiccionales están realizando juicios orales a través del sistema de videoconferencia. Y que incluso, el mismo Orellana está participando así en el resto de sus procesos.

El titular del INPE remarcó que para un traslado de este tipo, “y de internos de esta magnitud” se necesita de personal vía terrestre y aérea. “Además de los riesgos en la seguridad durante el traslado, también demanda la disponibilidad de recursos por el alto costo de los pasajes”, precisó.

Finalmente, la jueza dejó sin efecto su resolución que ordenaba el traslado. Rodolfo Orellana ha optado por guardar silencio en cada sesión del juicio oral –en la que participa por videoconferencia– y rechaza todos los cargos.

El Comercio intentó comunicarse con la magistrada a través de la Oficina de Prensa de la Corte Superior de Ventanilla, pero un vocero de esta institución precisó que los jueces no están autorizados a dar declaraciones sobre ninguno de los procesos a su cargo. 

–Denuncia cobro–
Rodolfo Orellana no se quedó tranquilo después de haber estado a punto de dejar la extrema seguridad de Challapalca. Hace una semana, presentó una denuncia ante la fiscalía anticorrupción de Lima contra los funcionarios del INPE que evitaron su traslado.

La denuncia contra Jiménez Tello y Vásquez Ganoza es por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, falsedad genérica y abuso de autoridad en agravio del Estado. El abogado asegura que le pidieron US$50 mil dólares para el jefe del INPE y que este disponga su traslado a Lima. Según Orellana, como se negó a entregárselo, impidieron que se cumpla con la orden judicial.

El fiscal anticorrupción Andrés Montoya, quien recepcionó este documento, trasladó esta denuncia a la fiscalía de Puno para que decida si inicia una investigación preliminar.

Voceros del INPE negaron lo denunciado por Rodolfo Orellana.

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