La iniciativa de Vizcarra, la columna de Martín Tanaka

Los resultados del referéndum arrojaron una contundente victoria para el gobierno, y una derrota del Congreso; este perdió la iniciativa de las propuestas de reforma y resultó siendo víctima de la molestia ciudadana frente a los escándalos de corrupción, de un extendido sentimiento antipolítico. Pero al hacer la pregunta “¿y después del referéndum qué?”, no encontrábamos una respuesta. Pues el miércoles el presidente demostró que no andaba de espaldas a esta interrogante. Anunció que tiene listo el proyecto de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y que observaría la ley de financiamiento de partidos aprobada apresuradamente por el Congreso. Lo interesante es que esta vez la “pechada” al Legislativo no está llevando a un nuevo episodio de confrontación, sino a una inusitada colaboración por parte de este. El presidente del Congreso un día antes ya había anunciado la convocatoria a una legislatura extraordinaria para ver esos temas. Días antes, había calificado de “nefasta” la ley de financiamiento de partidos, y anunció que sometería a votación una reconsideración de la misma.

Daniel Salaverry pidió una licencia temporal a la bancada de Fuerza Popular en octubre, y está sacando mucho provecho de esa independencia. Mientras FP sigue con una conducta ya sea políticamente suicida o basada exclusivamente en procurar la mejor defensa judicial de Keiko Fujimori sin importarle nada más, Salaverry parece tener muy claro que el desprestigio del Congreso y FP lo termina afectando directa y personalmente, lo que abre un espacio para una cooperación con el Ejecutivo que no debe subestimarse.

Hace unos días, Vizcarra se juntó con varios de los integrantes de lo que en el futuro podría ser el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Compartió la mesa con Salaverry y los presidentes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, que son también responsables de la implementación de la Junta Nacional de Justicia. Además, el Ejecutivo ha anunciado la formación de una comisión de alto nivel para la reforma política, cuyas propuestas terminarán en manos del Congreso.

El papel de Salaverry ha adquirido mayor importancia para el Ejecutivo dadas las complicaciones de la relación entre el gobierno y la bancada oficialista, que se ha quejado públicamente de falta de comunicación con el Ejecutivo. Pero no puede reemplazarla, por supuesto. La agenda del Ejecutivo tiene que ser, por definición, más amplia y requiere no solo viabilidad legislativa, también voceros y operadores. La relación con las nuevas autoridades regionales y municipales, la agenda de la competitividad, la Reconstrucción con Cambios, los temas de salud, educación y seguridad, etc., requieren de muchos aliados. El anunciado diálogo político podría abrir oportunidades también para coordinar estas acciones y darle contenido específico, para que no quede solamente en una foto.

Veremos qué pasa. Hasta el momento, solo la reforma de la justicia tiene contornos claros. Pero, al menos, el gobierno parece consciente de las limitaciones que tiene que superar.