La investigación a Joaquín Ramírez por presunto lavado de activos se inició en el 2014. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ Archivo El Comercio)
La investigación a Joaquín Ramírez por presunto lavado de activos se inició en el 2014. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ Archivo El Comercio)
Redacción EC

Días antes de que el congresista fujimorista Daniel Salaverry presentara una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en el Ministerio Público se tomó una decisión que involucra a la lideresa de ese partido.

La fiscal superior Elizabeth Peralta Santur ordenó el último viernes 3 reabrir la investigación por el delito de lavado de activos a , ex secretario general de Fuerza Popular.

La resolución fue notificada ayer a primera hora y antes del pronunciamiento del vocero de Fuerza Popular, confirmó a El Comercio la fiscal Peralta.

En esta pesquisa están incluidos la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el actual congresista fujimorista Osías Ramírez, así como empresas del ex parlamentario.

La investigación busca determinar si Ramírez, a través de 19 empresas lideradas por él o personas de su entorno, incurrió en lavado de activos.

A fines de setiembre, la fiscal Sara Vidal, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos, decidió archivar esta investigación.

Vidal resolvió prescindir de los peritajes contables que analizaban las cuentas y movimientos bancarios de la corporación Ramírez.

También se basó en la polémica casación 92-2017 del Poder Judicial, para alegar que su despacho no podía presumir la fuente ilícita del dinero obtenido.

Ante esta decisión, la Procuraduría de Lavado de Activos apeló y solicitó que una fiscal superior se pronunciara. Esto fue lo que hizo Peralta Santur, titular de la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Lavado de Activos.

El programa “Primer plano”, reveló anoche que se declaró fundada la apelación que presentó la procuraduría y se declaró nula la resolución que archiva la investigación.

Además, Peralta ordenó que la investigación sea adecuada a la ley del crimen organizado. Un fiscal por designar estará a cargo de este caso.

En diálogo telefónico con este Diario, Peralta también confirmó que ha ordenado algunas diligencias más en la investigación, como realizar un peritaje contable.

“No se ha hecho el peritaje contable, que es fundamental en un proceso de lavado de activos”, afirmó.

En su resolución, Peralta no ha precisado plazos para que un nuevo fiscal investigue. Sin embargo, al adecuarse a la Ley contra el Crimen Organizado, los plazos serán mayores por tratarse de un caso complejo.

La fiscal Peralta remarcó que la decisión que tomó es “objetiva”, personal y sin apasionamientos.

“No tengo nada personal con nadie. Esta es mi decisión, no del fiscal de la Nación. Nosotros tenemos autonomía en nuestros pronunciamientos”, dijo.

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