(Foto: GEC)
(Foto: GEC)
Mario Mejía Huaraca

La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio Público abrió hace dos días un proceso disciplinario al fisca , integrante del equipo especial del Caso Lava Jato, por declaraciones brindadas a El Comercio y a Canal N.

Para el fiscal superior Luis Germaná Matta, encargado de la indagación administrativa que tiene un plazo de 60 días hábiles, existen indicios razonables de que Pérez “habría incurrido en [una] presunta infracción administrativa”.


Enterado de la noticia, el fiscal Pérez manifestó que este proceso disciplinario es “una muestra más de los actos de hostigamiento a los que estamos siendo continuamente sometidos por la mayoría de fiscales supremos que controla la Junta de Fiscales del Ministerio Público, vinculados a la presunta organización criminal de Los Cuellos Blancos”. 

La razón del proceso
El motivo del proceso disciplinario es por las declaraciones que el fiscal Pérez dio a  este Diario el pasado domingo, respecto a la controversia generada con Odebrecht por el Caso Chaglla.

“Estamos en un momento decisivo. Si se ataca lo que se ha avanzado, la ciudadanía tiene que estar alerta”, sostuvo Pérez en esa oportunidad.

Para el fiscal Germaná, “se trata de declaraciones de contenido político que deberían ser ajenas y extrañas a la función fiscal”.
En su resolución, a la que este Diario tuvo acceso, agregó que la conducta del fiscal Pérez “ya se ha vuelto reiterativa”.

En su disposición, Germaná además manifiesta que cuando la Comisión Permanente del Congreso archivó denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry, Pérez declaró a Canal N –el 28 de mayo– lo siguiente: “Se tienen que tomar medidas fuertes, como someter una cuestión de confianza para poder de una vez cambiar esta situación de impunidad”.

Germaná indica que su disposición se da porque, según la ley de la carrera fiscal, los fiscales deben actuar con objetividad, imparcialidad, neutralidad y ser ajenos a toda actividad o manifestación política.

La respuesta de Pérez
El fiscal Pérez sostuvo que lo que se busca con esta medida es callarlo para que no denuncie los actos de intromisión en la fiscalía ni los actos de obstaculización en las investigaciones para que estas fracasen.

José Domingo Pérez dijo que también se pretende sancionarlo con una suspensión a través de falsas imputaciones, como sus declaraciones a El Comercio.

En su resolución, el fiscal Germaná señala que se solicitará al magistrado cuestionado la entrega de un informe de descargo en un plazo máximo de 5 días y advirtió que, de no hacerlo, se le declarará "rebelde". También recabará el récord de quejas y denuncias que hay en su contra.