Sheput: "Es innegable que hay una decisión política de proteger a Chávarry"

Juan Sheput fue el autor del reciente informe que recomendaba destituir e inhabilitar al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, pero que no prosperó en la Comisión Permanente. Sheput espera que en agosto próximo puedan empezar a prosperar las denuncias que se presenten contra el fiscal supremo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. 

— ¿Por qué cree que Fuerza Popular sigue impidiendo que Pedro Chávarry sea investigado? Lo último ha sido archivar, en parte, la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.
No solamente es Fuerza Popular sino también el apresuramiento irresponsable de algunos. César Vásquez [APP] y yo dijimos que en circunstancias como esta iban a utilizar su mayoría para archivar [la denuncia constitucional de Ávalos], e iban a aplicar el reglamento con un prurito reglamentarista. Por eso pedíamos que sea en agosto con una nueva composición de comisiones y con la aplicación del reglamento que ya no impedía que se viera. 

— ¿Se puede interpretar que fue intencional ponerlo en agenda ahora, cuando no se podía ver porque antes una denuncia por el mismo caso [del deslacrado de oficinas] ya había sido archivada?
Eso es especulativo. Lo que yo quiero señalar es que se dijo que no se hiciera, se pidió que no se hiciera...

— Porque el reglamento no lo iba permitir...
Era clarísimo en el reglamento y César Vásquez y yo lo planteamos así y recibimos críticas. ¿Qué problema había que se vea en agosto? En agosto ya era otra composición de la subcomisión, no tenían mayoría y, por otro lado, se podían ver los mismos hechos con nuevas pruebas. Los alcances del reglamento ya no daban para mandarlo al archivo porque este dice que en una próxima legislatura sí se pueden ver.

—¿Insiste en que la única salida para que el caso Chávarry pueda ver la luz en el Congreso es la recomposición de las comisiones?
Ya es un hecho innegable que hay una decisión política de por medio de protegerlo. El por qué no lo puedo determinar. No solamente hay sólidos informes sino que también hay acusaciones de entidades como la propia fiscalía de la Nación y ahora hasta la Contraloría [que señala que la “ratificación de oficio” de Chávarry se realizó indebidamente]. Las evidencias son abundantes y la forma como el fujimorismo se compromete es porque aparentemente tiene una gran deuda con el señor Chávarry. Y por otro lado es hasta una defensa pírrica...

— ¿Qué podría pasar desde agosto?
Agosto va a llegar de todas maneras y de todas maneras seguirán surgiendo las acusaciones, y por lo tanto el señor Chávarry, tarde o temprano, tendrá que ser sometido a los rigores de la justicia e inclusive puede ser destituido.

— ¿En la próxima legislatura se podrían volver a presentar todas las denuncias que se han archivado hasta el momento?
Siempre y cuando surjan nuevas pruebas, que van a surgir. 

— De otro lado, ¿le preocupa que la Comisión de Ética apruebe iniciar indagación contra el congresista Francesco Petrozzi por comparar a Yeni Vilcatoma con Gisela Valcárcel, pero no a Úrsula Letona por presuntos vínculos con el prófugo empresario pesquero Oscar Peña?
Por supuesto porque es una contradicción tremenda y además demuestra que el fujimorismo se desenvuelve según la persona involucrada. A mí se me inició indagación porque pedí que se elevara la edad de los profesores [universitarios] a 75 años y como soy profesor en San Marcos y en la UNI se me acusó de conflicto de intereses. Es una barbaridad. Se me inició un proceso, que era lo único que se tenía que hacer en el caso de Letona. Llama la atención de que no hayan procedido porque la persona más interesada en aclarar este tema debería ser la propia congresista.

— ¿Ética también tiene que recomponerse?
La recomposición de la Comisión de Ética es otro tema pendiente. No puede seguir rigiendo el criterio proporcional, tiene que ser un parlamentario por bancada, porque de lo contrario vamos a seguir con este tipo de prepotencia. Es la hegemonía, no existe razón sino lo cuantitativo.

— ¿Cuál es su lectura de la decisión de la presidenta de ese grupo, Janet Sánchez, de usar su voto dirimente para evitar que Letona sea investigada?
Algún elemento de juicio debe tener Janet porque ella siempre se ha estado desenvolviendo correctamente, pero lo que sí hay de todas maneras es que no se utilizan las mismas condiciones para las mismas razones. La Comisión de Ética no actúa de manera objetiva en muchos casos.

— ¿Le parece válido que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, presente recursos legales para evitar que el pleno vote su suspensión por 120 días?
No me parece válido, ni jurídica, ni políticamente porque él esta sembrando la semilla para que cualquier persona en el futuro le quite seriedad a las comisiones del Congreso, o a las acciones del Congreso. El argumento en el exterior de aquellos que han sido desaforados por el Congreso, o cuestionados por el Parlamento, va a ser que hasta el mismo presidente del Congreso cuestiona los órganos que lo conforman. El daño que se le hace al Congreso y a los procesos en marcha es tremendo. 

— ¿Salaverry debería allanarse?
Por supuesto, cuando un político evade las investigaciones o las judiaciliza es porque tiene problemas y, en ese caso específico, uno puede confiar en Daniel Salaverry, pero le corresponde a los políticos allanarse y eso es lo que hacemos aquellos que tenemos algún tipo de cuestionamiento, pero no recurrir a la instancia judicial o a los amparos. Esto va más allá del propio Salaverry, se le hace mucho daño a la institucionalidad parlamentaria, y, sobre todo, a todos los procesos que ha emprendido este Parlamento.