Juan Silva y la lista de personas vinculadas a Pedro Castillo y al Gobierno prófugas de la justicia

Actualmente se encuentran prófugos: el sobrino del presidente Castillo, Fray Vásquez Castillo, y Bruno Pacheco, exsecretario general del Despacho Presidencial. Ambos -al igual que Silva- están involucrados en el Caso Puente Tarata, que apunta a una presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

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Dos sobrinos del jefe de Estado, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, fueron incluidos el 31 de abril en la lista de los más buscados del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) luego de dictarse una orden de detención preliminar en su contra.

La investigación, a cargo de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, en la que están implicados los familiares del presidente es por los presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias como tipo penal alternativo y organización criminal. Esto debido a ilícitos que se habrían cometido para favorecer al consorcio Puente Tarata III en la licitación de una obra en la región San Martín.

Adicionalmente, la fiscal Luz Taquire incluyó a Vásquez Castillo en un caso de lavado de activos proveniente de presuntos actos de corrupción debido a un vínculo con Zamir Villaverde y sus empresas.

El Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra ambos sobrinos. Sin embargo, en mayo la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la decisión y dictó comparecencia con restricciones para Gian Marco Castillo. También se confirmó la orden contra Vásquez Castillo, quien permanece prófugo y se ofrece una recompensa para dar con su paradero.

Bruno Pacheco, ex persona de confianza del presidente Castillo y su anterior aliado magisterial, sigue prófugo de la justicia y su nombre permanece en la lista de los más buscados. Al igual que los familiares del presidente, es investigado en el Caso Puente Tarata. La orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra también fue confirmada por el Poder Judicial.

Al igual que Fray Vásquez, la fiscal Taquire incluyó a Pacheco en la presunta organización dedicada al lavado de activos. Esto a partir del hallazgo de US$ 20 mil en su oficina de Palacio de Gobierno y un evento familiar que ascendería a S/ 100 mil.

De otro lado, Pacheco es investigado por la fiscalía por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal en el caso de las presiones en los ascensos de las Fuerzas Armadas.

Aunque no son parte del círculo de confianza de Pedro Castillo, sí del partido que lo llevó a la Presidencia. Tres de los cuatro investigados en el caso Los Dinámicos del Centro, vinculados a Perú Libre y su gestión en la región Junín, fueron capturados luego de estar incluidos en la lista de los más buscados.

Entre ellos estaba incluido Arturo Cárdenas Tovar, quien de acuerdo con la fiscal anticorrupción Vanessa Díaz se estableció que se estaba frente a “una organización criminal presuntamente conformada hasta en cuatro niveles. En el primero está Vladimir Cerrón en condición de líder, Arturo Cárdenas Tovar en segundo nivel, hombre de enlace de la organización, y luego se bifurcan en dos: uno en la actividad criminal referida al tráfico de licencia de conducir y en paralelo a la contratación de personal”.

El 4 de abril, Cárdenas Tovar fue capturado en Huancayo luego de estar prófugo desde el 6 de octubre del 2021. El ex secretario nacional del partido y persona de confianza de Vladimir Cerrón tenía también una orden de captura internacional. De acuerdo con la hipótesis fiscal, sería quien encabeza la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro y es investigado por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo y negociación incompatible. Él habría sido el encargado de coordinar la contratación en el Gobierno Regional (GORE) de Junín de personas cercanas a Perú Libre.

Ese mismo día fue capturado en su domicilio Waldys Vilcapoma durante un operativo liderado por la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) y la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN). Al igual que contra Cárdenas Tovar, el Poder Judicial había dictado 36 meses de prisión preventiva en contra del dirigente de Perú Libre. Vilcapoma, durante su detención, trató de deshacerse de su celular lanzándolo al inodoro, pero el aparato pudo ser recuperado.

De otro lado, en diciembre del 2021 el Poder Judicial dispuso variar la orden de prisión preventiva por la de comparecencia restringida contra el dirigenet del partido y ex director regional de Transportes de Junín Eduardo Bendezú Gutarra.

El 25 de abril, fue capturado también en Junín Eduardo Reyes Salguerán, quien estuvo a cargo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín (DRTC-GRJ) entre los años 2020 y 2021. Él era investigado por se presuntamente parte de la referida red criminal que negociaba con licencias de conducir y puestos de trabajo en el GORE Junín. En diciembre del 2021, el Poder Judicial había confirmado la orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra y de Cárdenas Tovar. Según la fiscalía, Reyes Salguerán era “colaborador” en esta organización criminal.

Sin embargo, Francisco Muedas Santana, exintegrante del Comité Especial Permanente para el proceso de selección CAS de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, sigue prófugo de la justicia.

Desde febrero de este año, dos personas de Perú Libre vinculadas al Caso Los Tiranos del Centro, presunta organización criminal que operaba en la Municipalidad Provincial de Huancayo y cobraba cupos a comerciantes, se encontraban prófugas de la justicia.

Esta red estaría liderada por el suspendido alcalde de Huancayo, Henry López Cantorín, quien fue sentenciado en agosto del 2019 por el delito de negociación incompatible; Juan Carlos Quispe, alcalde provincial encargado; entre otros funcionarios y colaboradores que fueron detenidos en febrero.

López Cantorín estuvo prófugo durante un mes y se entregó a la justicia en abril. Esto ocurrió luego de que se sustituyera la orden de detención preliminar por la de impedimento de salida del país por seis meses.

Respecto a Juan Carlos Quispe, fue detenido en abril por la Policía Nacional tras estar prófugo desde el 23 de febrero. Él se entregó a las autoridades la noche del lunes 4. Según la tesis fiscal, Los Tiranos del Centro operaron desde junio del 2019 bajo la dirección de Henry López Cantorín. Luego de su suspensión, Juan Carlos Quispe, militante de Perú Libre, asumió las funciones en esta presunta red criminal.

Sin embargo, semanas después, Quispe fue reconocido por el gobierno, junto a otras autoridades, con el Premio Nacional “Sello Municipal Incluir para crecer. Gestión local para las personas”.